- Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
- En este marco dialogamos con Florencia Romero, abogada jujeña que militó por la sanción de la Ley Iara en 2020, para que se declare la emergencia en violencia de género en Jujuy.
Abogada criticó las políticas de género del gobierno “no impactaron, el flagelo continúa”
Florencia Romero, quien militó por la sanción de la Ley Iara en 2020, analizó la situación de los crímenes de odio perpetrados contra las mujeres jujeñas, asegurando que los cambios estructurales jamás se llevaron a cabo.
Para la referente de Mujeres y Disidencias de Bases Nacionales Peronistas, el gobierno de Gerardo Morales finalizará el próximo 10/12 con múltiples compromisos incumplidos, entre ellos, no haber arbitrado los medios para garantizar el bienestar de las mujeres que residen en la provincia de Jujuy, incluyendo derechos de niñeces e infancias. “Las leyes en abstracto no trasmiten ni modifican la realidad”, expuso durante su visita a Sobremesa (Canal 2).
Más de tres años atrás, formó parte de las disertantes que visitaron la Legislatura en el afán de construir la mejor herramienta legal posible, teniendo en cuenta que por ese entonces se habían registrado cinco asesinatos de mujeres en 45 días, entre ellas Iara Rueda cuyo nombre fue elegido para bautizar la normativa N°6.186.
“Somos una de las pocas provincias que tristemente tenemos una ley de estas características… Muchos de los colectivos de mujeres nos presentamos en la Legislatura con la esperanza que realmente trajera una modificación de la realidad de todas nosotras, pero no ha sido así. Seguimos sufriendo este flagelo, este gobierno adeuda muchas cosas, pero en especial respecto a las mujeres”, describió sobre la participación masiva de los colectivos feministas, especialistas en derecho con orientación en género, organizaciones civiles, entre otras.
Si bien una vez sancionada la herramienta fue celebrada como una nueva conquista fundamental, su reglamentación sería dilatada inexplicablemente por meses, antes de entrar en vigencia plena. En el medio sería creado el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, organismo a cargo de la correcta ejecución de la ley, aunque su labor ha sido continuamente objeto de críticas entre la población objetivo debido a su limitada capacidad de intervención.
Para Romero varios estamentos del Estado se encuentran en falta, incluso señala que la ley Micaela (obliga a los integrantes de los tres poderes a capacitarse en género) no ha sido asimilada, al punto que “ las mujeres que denuncian episodios de violencia en las comisarías continúan siendo ignoradas ”.
“Hay legisladores que se han puesto de acuerdo para ejercer violencia en los mismos claustros de la Legislatura expulsando a diputadas, como Alejandra Cejas y Débora Juárez, esto pone en el tapete la necesidad de una transformación de las políticas de género reales empezando desde el gobernador hacia abajo”, afirmó al tiempo que aseguraba como el gobierno sostiene una lógica perversa, habiendo sancionado una ley para acallar reclamos pero sin intenciones de hacerla cumplir.