Desalojo

La Municipalidad desplazó a los ambulantes hacia el Parque San Martín. Los trabajadores advierten que la medida significó un desplome drástico en sus ventas, además de seguir recibiendo presiones de los inspectores.

La defensa de la comunidad de Santa Rosa interpusieron un Habeas Corpus ante la Justicia, acusando severas lesiones por balas de goma, falta de asistencia médica y situaciones de extrema vulnerabilidad con menores de edad.

La diputada provincial Natalia Morales repudió la actuación de la Policía y el Ministerio de Seguridad durante el operativo en la comunidad de Santa Rosa. Confirmó que presentaron pedidos de informe en la Legislatura y cuestionó el silencio del oficialismo ante las violaciones de derechos humanos.

Tras los violentos episodios registrados durante el desalojo a familias en la comunidad originaria de Santa Rosa, la dirigente política Cristina Guzmán cuestionó el accionar de las fuerzas policiales. Condenó el uso abusivo de perdigones de goma y exigió explicaciones oficiales sobre la decisión política que derivó en el desproporcionado operativo.

Integrantes de la comunidad Santa Rosa denunciaron un desproporcionado operativo policial con gases lacrimógenos y disparos a corta distancia. Tras el derribo de las casas con maquinaria pesada, acudieron a la fiscalía para radicar la denuncia y exigir respuestas sobre el paradero de varios niños de entre 1 y 7 años.

Notificados para ser reubicados en la Plaza Epopeya, en Avenida Yrigoyen y Jorge Newbery, los trabajadores de la vía pública advierten que el traslado afectará gravemente sus fuentes de ingresos. Exigen una mesa de diálogo con la Dirección de Espacios Públicos e insisten en regularizar sus permisos.

"Nos rodean y no nos dejan vender nada", expusieron los trabajadores informales acusando hostigamiento de inspectores. Remarcan que es su único sustento y que el municipio les pone trabas burocráticas para conseguir permisos.

Un grupo de 10 familias de trabajadores informales enfrenta una orden de desalojo tras las denuncias del consorcio del monobloc de departamentos ubicado en la zona de Gorriti. Se opusieron a trasladarse y se definió realizar una una reunión clave entre las partes para intentar buscar una salida dialogada.

Trabajadores informales se muestran molestos y dicen ser perseguidos por los inspectores de la Municipalidad. Remarcan que al ser desplazados del sector, sus clientes no los encuentran y las ventas bajaron notablemente.

Se trata de Roxana, quien vende sus productos a las afueras del Hospital Pablo Soria. Expuso haber tenido los permisos pero que ahora la Municipalidad no le autoriza el reempadronamiento y la quiere desalojar del lugar.