Casi en simultáneo, la doctora Cristina Guzmán, quien impulsa un proyecto de ley de auditoría para terminar con el despropósito de un organismo que, según sostiene, no es independiente sino obsecuente del Gobierno, difundió públicamente cifras sobre las operatorias financieras de la provincia. Señaló la existencia de un capital colocado en el mercado financiero de 266.000 millones de pesos y un saldo por intereses de aproximadamente 130.000 millones, lo que arrojaría un total cercano a 396.000 millones de pesos.
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En plaza financiera, $396.000 millones; en Plaza Belgrano, el muro de los lamentos
El funcionario que oficia de vocero del Gobierno anunció el adelantamiento de las elecciones provinciales en Jujuy, aunque sin una fecha confirmada, y aseguró que ya están disponibles los fondos para organizar unos comicios millonarios en una provincia acorralada por los problemas.
Si esos números son correctos, la pregunta es inevitable: ¿quién audita esas operaciones y de qué manera se informa a la ciudadanía cuál es el destino de esos recursos? Porque, mientras se habla de cientos de miles de millones de pesos administrados en el sistema financiero y de recursos disponibles para afrontar un proceso electoral, la realidad muestra a docentes realizando ayunos y protestas por la cuestión salarial, una obra social provincial atravesando serias dificultades y permanentes reclamos por deudas con prestadores.
Esa coexistencia de cifras tan importantes con conflictos sociales tan profundos genera interrogantes que merecen respuestas claras. ¿Cuál es la prioridad en la administración de los recursos públicos? ¿Qué beneficios concretos obtiene la provincia de esas colocaciones financieras? ¿Esos fondos tienen una afectación específica o podrían destinarse a otras necesidades?
En una república, la transparencia es imprescindible. Es necesario explicar con claridad cómo se toman las decisiones financieras y por qué, aun cuando se habla de 396.000 millones de pesos entre capital e intereses, continúan los conflictos en temas tan sensibles como el salario de los trabajadores y la prestación de servicios por parte del Estado.
No se trata de instalar sospechas sin pruebas, sino de exigir aquello que fortalece a cualquier democracia: información pública —y no voceros improvisados que acumulan respuestas para la próxima conferencia de prensa—, controles eficaces y una rendición permanente de cuentas.
Porque el dinero del Estado pertenece a todos los jujeños y, precisamente por eso, toda decisión sobre su administración debe poder ser explicada con absoluta claridad.
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