La decisión de eliminar los intereses punitorios, ampliar los plazos antes de los cortes del servicio y disponer otras medidas de alivio para los usuarios puede representar un paliativo para muchas familias. Pero la pregunta es la siguiente: ¿se está resolviendo el problema o simplemente se están administrando sus consecuencias?
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La emergencia no es tan solo energética, sino de credibilidad
La declaración de la emergencia energética y tarifaria por parte del Gobierno de Jujuy, con vigencia nada menos que hasta el 31 de diciembre de 2027, abre un debate que trasciende el contenido del decreto y se instala de lleno en el terreno de la credibilidad política.
Porque la emergencia no modifica el costo de la energía, no revierte los aumentos ya aplicados ni cambia el esquema tarifario que viene siendo cuestionado desde hace años por los usuarios.
Si el Gobierno cree que estas medidas alcanzarán para descomprimir el malestar social en medio de un proceso electoral que se avecina, comete un serio error de diagnóstico. De hecho, apenas se conoció el anuncio comenzaron las críticas de quienes consideran que las medidas no tocan el corazón del problema. Casi en simultáneo, organizaciones de usuarios decidieron redoblar la apuesta reuniendo más firmas para reclamar el congelamiento de las tarifas y el cese de los cortes del servicio, una señal que demuestra que una parte importante de la ciudadanía sigue sin confiar ni en las explicaciones oficiales ni en las respuestas de EJESA.
Más allá de que existan distintos argumentos técnicos y regulatorios sobre la conformación de las tarifas, la percepción pública de falta de transparencia termina siendo un problema político de primer orden. Y cuando la confianza desaparece, cualquier medida, por positiva que pueda resultar, queda bajo sospecha. Una situación que se profundiza por la falta de controles independientes y eficaces, así como por la ausencia de debates públicos profundos, lo que no hace más que fortalecer la percepción de un sistema donde los contrapesos institucionales funcionan con debilidad.
Las políticas públicas en esta materia exigen un equilibrio permanente entre la sustentabilidad económica del sistema, la calidad del servicio y la protección de los derechos de los usuarios. Cuando ese equilibrio se rompe y la sociedad siente que solo se le exige hacer sacrificios mientras las respuestas estructurales nunca llegan, el conflicto deja de ser exclusivamente tarifario y se convierte en un problema de confianza institucional. Por eso, la verdadera emergencia no parece ser únicamente energética, sino también una emergencia de credibilidad.
El desafío de cualquier gobierno en estas condiciones no consiste solo en evitar cortes o diferir pagos. El desafío es convencer a la sociedad de que existe un modelo energético pensado para los usuarios y no para el negocio de unos pocos.
Porque lo que hoy parece quedar en evidencia es que se intenta administrar una crisis que, lejos de resolverse, sigue alimentando el malestar de una ciudadanía que cada vez exige más respuestas y menos anuncios.