Ante este panorama, el docente Braulio Mamani, integrante de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), se presentó ante el Concejo Deliberante de Palpalá para solicitar el uso de la Banca N° 9 con el objetivo de visibilizar el reclamo de los trabajadores.
La principal preocupación de la comunidad educativa radica en la advertencia de computar las jornadas de protesta como inasistencias injustificadas o faltas sin aviso. A diferencia de lo que ocurre en otros sectores estatales donde se liquida como adhesión al paro, esta tipificación enciende las alarmas por sus consecuencias en el escalafón docente, ya que la acumulación de apenas tres faltas sin aviso a lo largo de 30 años de trayectoria habilita el inicio de un sumario administrativo.
Durante su presentación, Mamani expresó el rechazo del sector a las declaraciones del vocero provincial Alberto Siufi y sostuvo que las medidas anunciadas buscan condicionar el derecho a huelga.
Asimismo, denunció la situación institucional que atraviesa ADEP, afirmando que el gremio se encuentra acorralado por la falta de resolución sobre su personería jurídica, lo que impide encarar una negociación salarial transparente y justa en un contexto donde los sueldos resultan insuficientes.
Finalmente, el referente remarcó el impacto que el conflicto salarial genera en el comercio local y en la economía circular tanto de Palpalá como de la capital jujeña.
Pese a señalar que existieron cuestionamientos en el ámbito deliberativo antes de exponer su postura, confirmó que mantendrán las acciones de visibilización en defensa de la carrera profesional y del sustento de las familias docentes.
Foto: docente Braulio Mamani.