A pesar de que el fiscal Alejandro Maldonado logró que se dicten 60 días de prisión preventiva mientras avanza el proceso —caratulado como abuso gravemente ultrajante y acceso carnal agravado por la guarda—, la madre de la niña y la tía, advirtieron que la defensa del acusado solicitó que cumpla la medida en una vivienda de la localidad de Tilcara.
"Queremos que vaya a una cárcel común y no a una unidad especial ni a su casa. Exigimos la pena que le corresponde por todo el daño que provocó durante años", sostuvieron durante la marcha frente a los medios.
En ese sentido, las mujeres expusieron el calvario que atraviesan tras haber formalizado la denuncia a fines de marzo, luego de que la menor revelara los abusos a su psicóloga tras un intento de autolesión. Denunciaron que, mientras el imputado estuvo alojado en la comisaría, mantuvo acceso a celulares y redes sociales para amedrentarlas, y que la vivienda familiar fue desvalijada y vandalizada con amenazas de muerte.
A la falta de custodia policial en su domicilio —lo que las obligó a contratar seguridad privada por medios propios— se suma el reclamo por la inacción de los mecanismos de protección estatal.
En contraposición, destacaron el rol clave de los directivos del colegio de la menor y del Ministerio de Educación, quienes brindaron contención inmediata durante un fin de semana largo cuando las dependencias policiales no activaron los protocolos correspondientes.
Con pericias clave ya incorporadas a la causa, como el resultado positivo en Cámara Gesell y los exámenes médicos de rigor, la familia ratificó que continuará movilizándose todos los lunes en el centro capitalino para evitar que la causa se paralice y garantizar la seguridad de la víctima y su entorno.
