Nallar afirma sin titubeo alguno, a pesar del castigo recibido, que en Jujuy existe un “estado de excepción”, donde el mandatario de turno se habría arrogado facultades que no le corresponden para alcanzar su beneficio personal y conservarlo a lo largo de su gestión. La condena a tres años y medio de prisión efectiva, además del millonario embargo e inhabilitación para ejercer su profesión que le propinó el Tribunal en lo Criminal Nº3 serían la prueba definitiva de esta trama que expuso por primera vez en el lejano 2015, en los albores de la administración Morales.
Nallar sobre su condena: "Morales les dio una instrucción a sus sicarios del MPA"
El abogado jujeño visitó Sobremesa (Canal 2) a horas de conocer la sentencia de tres años y medio tras haber sido encontrado culpable por los delitos de "instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y motín en concurso real". Nallar consideró que el castigo fue obra del poder político a través de sus brazos ejecutores, incómodos por las acciones adoptadas por el letrado desde 2015 para defender la independencia de poderes.
“Mi situación particular es la consecuencia o el efecto de una maniobra que emprendió Gerardo Morales en su primer día de gobierno. El asume un jueves 10/12 junto a la renovación de la mitad de las bancas en la Legislatura, institución que por ese entonces ya había entrado en receso. El día viernes manda un proyecto de Ley encriptado, identificado únicamente con el número, para modificar la conformación del Superior Tribunal de Justicia. El segundo día hábil se hace la convocatoria extraordinaria y se celebra el martes, aprobando en tiempo record la modificación”, rememora Alberto Nallar en Sobremesa (Canal 2) acerca de un maniobra llena de suspicacias, porque tan solo días antes de asumir, había sido el propio gobernador electo quien confirmó a los vocales del STJ que buscaría consensos e independencia de poderes.
Por ese entonces la presidencia del órgano máximo del poder judicial local estaba en manos de la militante radical Clara Langhe de Falcone, pero tras la reforma del tribunal, pudieron incorporarse otros cuatro obedientes magistrados totalizando nueve integrantes, en su mayoría aliados y compañeros de ruta de Morales. Entre ellos los legisladores del bloque UCR Pablo Baca y Elizabeth Altamirano, quienes votaron a favor de la modificación y acto seguido se mudaron de la Legislatura jujeña al término de la semana, atravesando una “pantomima de entrevista”, según define Nallar la instancia previa para que los flamantes vocales asuman.
“El 18/12/2015 publiqué una solicitada en un medio local denunciando el golpe de Estado contra la justicia, el mismo día que asumieron Baca, Altamirano, Lamas y Otahola. Promoví una denuncia penal por atentado contra el orden institucional y democrático (art. 227 del código penal), las Legislaturas provinciales no le pueden conceder al Ejecutivo poderes extraordinarios ni la suma del poder público ”, describe sobre sus acciones los días posteriores a la controversial maniobra.
Pero esa no sería la única acción promovida por Nallar para fastidiar los intentos del gobernador por concentrar la suma del poder público. También intervendría en la avanzada oficial contra la cúpula del Tribunal de Cuentas. Episodio recordado por la opinión pública, debido a que dos ignotas ciudadanas valientes, fueron las encargadas de presentar la denuncia contra Nora Milone, Marian Bernal y René Barrionuevo.
“Morales a través de su actual fiscal de Estado habían fraguado una denuncia, tenían la decisión de decapitar el Tribunal para incorporar su gente. Rivas fue el autor de la denuncia que hicieron firmar a dos ciudadanas valientes que nunca aparecieron a pesar de que las cite en repetidas ocasiones citados. Curioso porque no hubo ningún abogado patrocinante, ni siquiera Rivas y se por gente que trabajaba en su estudio su implicación en la denuncia”, expresó sobre un juicio político que finalmente no prosperaría.
La última intervención del letrado contra el poder político llegó durante la reforma constitucional, donde expuso nuevamente a Gerardo Morales por incumplir con los deberes de funcionario público al ocupar tres roles teóricamente incompatibles en simultáneo: “asumió el cargo de convencional y luego condujo los destinos de la Convención con una serie de irregularidades. Estamos hablando que en la formulación del proyecto y sanción participó alguien que no debía”.
Posteriormente vendrían las acusaciones, detención, prisión domiciliaria y condena, un proceso veloz que será apelado por Nallar, quién llegó a ser señalado como un traidor a la patria, debido a su participación en ciertas protestas populares que tuvieron lugar durante el pasado junio.
“Planteé la gravedad institucional y fui a pedir la adhesión de los comuneros, que ya habían tomado conciencia del Estado de excepción que vivíamos, así pedir al presidente de la Nación, la intervención federal de la provincia”, explicó sobre su participación en lugares donde se cortó la transitabilidad de rutas como mecanismo de protesta.
“Morales les dio una instrucción a sus sicarios del Ministerio Público de la Acusación. Son cumplidores de órdenes de cualquier índole, lo he vivido con el juez Fernández, fiscal Rondón, fiscal Funes y el tribunal que me condenó ayer ”, incluyendo a los jueces Mario Ramón Puig, Luciano Yapura y la jueza Ana Carolina Pérez Rojas.