Reforma Constitucional

Este martes, un grupo de pueblos originarios decidió reunirse en el cruce de las Ruta 9 y Ruta 52 con una sentida ceremonia para recordar lo vivido en 2023 cuando fueron víctimas de violencia policial. Señalan que todo lo que anticipaban en su protesta contra la reforma constitucional está sucediendo y hoy padecen avasallamiento de territorios y derechos.

Durante una audiencia testimonial, el subjefe de la Policía de la provincia de Jujuy, comisario Sergio Ismael Carrizo, aseguró que las órdenes de iniciar el salvaje ataque a las comunidades originarias fueron impartidas por sus superiores: el gobernador Gerardo Morales, el ministro de Seguridad, Guillermo Corro y el jefe de Policía, Herbas Mejías.

Pobladores de Caspalá, Cieneguillas, Chocoite, Guerrero, entre otros, se presentaron en las inmediaciones de la Legislatura en el marco de la apertura del período de sesiones ordinarias.

Referentes del CEDEMS comentaron las acciones que comenzaron para dar de baja a la Carta Magna de la provincia.

A partir de su incorporación en la Constitución, la Legislatura de Jujuy deberá sancionar una norma posterior a la vigente, que establezca el funcionamiento del organismo, su capacidad, competencia, cómo va a estar constituido, entre otros aspectos.

Los hechos ocurrieron en junio del año pasado y es el primer integrante del gabinete del ex gobernador en ser llevado ante la Justicia por estos hechos.

El ex gobernador jujeño ha formalizado su nuevo emprendimiento NUEVO NORTE ENERGIA Y MINERIA S.A. relacionado con la actividad energética y minera, con su esposa Tulia Snopek como única socia, según consta en el apartado Sociedades y Avisos Judiciales del boletín oficial de la provincia.

La letrada Alicia Chalabe local comentó la declaración de incompetencia de la Corte Suprema nacional para declarar la inconstitucionalidad de la Carta Magna de la provincia.

Distintos organismos de Derechos Humanos conjuntamente con comunidades originarias habían presentado acciones legales contra la nueva Constitución impulsada por el ex gobernador Gerardo Morales llegando a la instancia de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el órgano judicial nacional dijo ser ajeno en dicha competencia y volvió a remitir a la provincia los planteos.

El gobierno de Jorge Macri ordenó a los efectivos de la ciudad desalojar la Plaza Lavalle frente a las oficinas de la Corte Suprema de Justicia, donde se encuentran asentados los comuneros desde hace cuatro meses. La medida fue ejecutada luego de que las comunidades informaran el viaje de regreso, pero un inconveniente con el transporte los ha demorado. Sin darles tiempo para organizarse, los efectivos iniciaron el proceso de limpieza con escaso respeto por las pertenencias y bienestar de los jujeños.