Llegó a su fin uno de los procesos judiciales más seguidos por la comunidad en los últimos años.
Condenaron a 5 años de prisión efectiva al responsable de la muerte de "Pocho" Oviedo
Tras siete años del trágico hecho, el tribunal dictó el veredicto contra Mauro Aredes en la jornada final del debate. Hubo cambio de carátula: los jueces rechazaron el dolo eventual solicitado por la acusación y aplicaron la figura de homicidio culposo agravado.
Tras una intensa jornada de debate que incluyó la declaración de los últimos dos testigos y los alegatos finales, el Tribunal en lo Criminal dictó sentencia condenatoria contra el único imputado, Mauro Aredes, por la muerte de Rubén "Pocho" Oviedo, el querido vecino de 77 años que fue atropellado en la avenida Córdoba en abril de 2019.
En el cierre del juicio, las posturas de las partes expusieron una marcada discrepancia legal. Por un lado, el fiscal Luis Sorbello del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó una pena de 9 años y medio de prisión, mientras que el abogado de la querella, Sebastián Espada, elevó el pedido a 12 años de cárcel.
Ambos sostuvieron de manera unánime la gravísima calificación de "homicidio simple con dolo eventual". En contraposición, el defensor técnico, Ezequiel Martínez, requirió formalmente el cambio de carátula argumentando que se trató de un hecho de naturaleza culposa.
Luego de un cuarto intermedio para deliberar, el tribunal integrado por la María Margarita Nallar (presidenta de trámite), Mario Ramón Puig y Ana Carolina Pérez Rojas dictaminó su veredicto.
Los magistrados resolvieron condenar al acusado a la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, tras hallarlo penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado.
Con esta resolución, el tribunal descartó el pedido de dolo eventual impulsado por la fiscalía y la querella, pero validó la aplicación de una pena de encierro efectivo debido a los agravantes comprobados durante el proceso, como la conducción a exceso de velocidad y el dosaje de alcohol en sangre en una zona urbana concurrida.
De esta manera, se da por concluido el juicio oral y público en primera instancia, otorgando una resolución judicial a la familia de la víctima tras más de siete años de espera y pedidos de justicia.