Con esta resolución, los jueces respaldaron lo actuado en primera instancia y confirmaron la pena de prisión perpetua para Jairo Emanuel Guerrero, considerado el autor material del delito de homicidio agravado por mediar violencia de género.
Asimismo, el Tribunal Revisor ratificó la condena a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo para Esteban Pérez por resultar responsable del delito de encubrimiento agravado.
En la misma resolución, se mantuvo la absolución de Maximiliano López, rechazando el planteo que había formulado la querella del caso. Si bien la medida representa un avance sustancial hacia la firmeza del fallo, las partes aún disponen de plazos procesales para interponer recursos de inconstitucionalidad ante instancias superiores.
Alivio familiar y alerta por retrocesos institucionales
Tras conocerse la resolución judicial, una de las abogadas querellante, Mariana Vargas, dialogó con nuestro medio y manifestó que la confirmación de la sentencia genera un enorme alivio para la familia de la víctima y el equipo de abogadas tras el duro proceso del juicio.
Sin embargo, aclaró que la causa todavía no se encuentra completamente firme ya que la defensa aún puede acudir ante la Corte Suprema Provincial y, eventualmente, ante la Nación.
La letrada aprovechó la instancia para advertir sobre la delicada situación que atraviesa la provincia en materia de violencia de género, señalando que Jujuy registró el año pasado uno de los índices de femicidios más altos del país.
Al respecto, hizo hincapié en el alarmante incremento de las tentativas de femicidio detectadas este año, remarcando que se deben visibilizar estadísticamente por las severas secuelas físicas y psicológicas que dejan en las víctimas, ejemplificando el grave caso ocurrido meses atrás en una finca de Perico.
Finalmente, Vargas apuntó contra un marcado retroceso institucional en la policía y la fiscalía, donde denunció que persisten resistencias para tomar denuncias y se ignoran los protocolos de atención de urgencia (como en casos de abusos sexuales), atribuyendo estas graves falencias a la falta de capacitación efectiva en el marco de la Ley Micaela y a una corriente discursiva a nivel nacional que busca negar la problemática de la violencia machista.
