- Alberto Nallar habló con Sobremesa desde su domicilio donde se encuentra bajo arresto.
- Sostiene que la decisión del juez Fernández es la voluntad de Gerardo Morales, recordando las maniobras efectuadas para subordinar el poder Judicial.
- A fines de 2015, tras el cambio de gobierno y la modificación del Superior Tribunal de Justicia, Nallar ya había denunciado la "suma del poder público".
Alberto Nallar-abogado detenido: "Morales usurpó la Justicia"
El abogado que asesora comunidades originarias continúa bajo prisión domiciliaria acusado de cometer delitos cuyas pruebas continúan sin aparecer. "Una medida de disciplinamiento", para amedrentar a cualquier profesional de las leyes que pretenda asumir la defensa de ciudadanos que se expresen en contra del gobierno de turno.
Lleva casi dos semanas preso en su propio domicilio, luego de un breve paso por el servicio penitenciario, pero ese perjuicio no lo conmueve en lo más mínimo si de comparar su situación se trata con los ciudadanos que reclaman en las rutas contra “la abominación”, como llama a la vigente Constitución provincial, soportando “heladas, sin recursos y asediados por la policía”.
Alberto Nallar conoce bien las causas que sostienen la lucha de las comunidades, ha sido durante un buen tiempo a esta parte abogado representante de, por ejemplo, los vecinos de Caspalá. También sabía que involucrarse en tales causas, es decir ir en contra de los intereses económico-gubernamentales, lo posicionaría como objetivo de un aparato judicial cooptado por el gobernador, según contó a Sobremesa (Canal 2), desde el día que asumió en 2015.
“Llegó a la conclusión que Morales comenzó todos estos planes el primer día de gobierno, mediante una maniobra que consistió en capturar el poder Judicial, lo publiqué en una solicitada cuando Rivarola todavía no era socio de Morales, en la cual dije precisamente que Morales había propinado usurpado la justicia, en sentido metafórico, logrando la suma del poder público”, esa publicación mediática fue luego acompañada de un pedido de inconstitucionalidad y una denuncia penal, entendiendo que los legisladores provinciales habían arbitrado los medios necesarios para otorgarle facultades extraordinarias al flamante gobernador (Art. 227 del Código Penal).
La maniobra en cuestión se trató de la expansión del Superior Tribunal de Justicia en cuatro miembros, una de las primeras medidas de gobierno ejecutadas en diciembre de 2015, que requirió una convocatoria a sesión extraordinaria cuando las comisiones no estaban siquiera formadas. De hecho los diputados radicales Pablo Baca y Elizabeth Altamirano votaron a favor de la iniciativa oficial, para ser designados horas después como nuevos vocales de la corte.
No había transcurrido una semana de gobierno para Morales cuando la Legislatura, alegando “ineficacia, falta de transparencia necesidad de especialización”, sancionó la Ley Nº 5.878 el 15/12/2015, dando inicio a la denominada reforma judicial. Se emparejaba la balanza de poder en tiempo record y al mismo tiempo quedaba plasmado el primer capítulo de la conveniente coexistencia entre radicales y justicialistas.
De esta manera la balanza del STJ quedaba inclinada a favor del Ejecutivo con más de la mitad de sus miembros (5 de 9) debiendo obediencia a quien los apadrinó, hecho ratificado con la incorporación de quien fuere ministro de Seguridad en 2020 y los tres jueces que entraron por la ventana en 2022 tras los intentos de juicios políticos contra sus predecesores. “Cuando la justicia se expresa es Morales… El grado de lealtad que le deben a supera cualquier especulación”, expuso Alberto Nallar quien afirma no tener intereses o filiación partidaria alguna, simplemente el interés por defender su ámbito de trabajo, es decir el poder Judicial, sosteniendo el equilibrio de poderes que sostienen el Estado de Derecho.
Para el abogado especializado en Derechos Humanos la acusación que sostiene el fiscal Rondón y la resolución que adoptó el juez Rodolfo Fernández, solo ratifican “la ausencia de justicia en Jujuy... Un intento de disciplinamiento respecto del gremio de abogados”, una sentencia anticipada para aquellos letrados que osen representar a un ciudadano/s disconformes con el gobierno.
“Me acusan de haber cometido instigación al delito, sedición, motín por lo que yo manifesté en dos reuniones. Tienen el material fílmico que supuestamente sustenta la acusación y que salieron por las redes sociales, fui a asesorar jurídicamente en los mismos términos que hago ahora, estoy hablando como abogado, sería muy importante que en vez de meterme preso, contestaran jurídicamente cual es mi error”.