Apareció la "manito" a Rivarola y pone en jaque la credibilidad de la elección

Después de esas doce horas, será nuevamente la Junta la que deberá determinar si las objeciones fueron subsanadas y si la lista reúne finalmente las condiciones para competir. Es decir, la película todavía no terminó y, justamente por eso, lo verdaderamente interesante empieza ahora.

Porque si la Junta Electoral había encontrado una cantidad importante de irregularidades y había tomado una decisión severa respecto de la presentación de la lista, la pregunta que surge inmediatamente es qué va a hacer después de la intervención judicial.

¿Va a mantener el mismo criterio? ¿Va a considerar que las observaciones son insalvables? ¿O va a encontrar otra vía para admitir modificaciones que previamente había considerado insuficientes?

Si mantiene el criterio original, deberá sostenerlo con fundamentos sólidos y asumir las consecuencias institucionales de esa decisión. Si modifica su posición y termina habilitando la lista, deberá explicar con claridad qué elementos han cambiado.

Por otra parte, la Justicia puede ordenar la revisión y garantizar el derecho a la defensa. Sin embargo, una cosa es permitir la corrección de las observaciones y otra muy distinta es convalidar actos que, desde lo jurídico, podrían no ser subsanables.

Si la Junta modifica su criterio, esto tendrá impacto institucional sobre sus integrantes. La Junta no puede tener actitudes fluctuantes, ya que lo que hoy sería un procedimiento inviable no puede reducirse a un mero error administrativo.

La dimensión política del caso es inevitable. Se mencionan los vínculos del juez Hansen con Gerardo Morales y de otros dirigentes.

Lo que preocupa es que la denominada “manito”, anticipada por Rubén Rivarola antes de esta resolución, termine coincidiendo con una decisión que, en los hechos, habilite a una lista previamente cuestionada. En ese caso, la coincidencia entre los dichos políticos y el resultado institucional inevitablemente alimentará sospechas.

Si la Junta mantiene su criterio, será criticada por su rigidez; si lo cambia, será objeto de sospechas. Lo lógico es una respuesta clara, jurídica y pública: es la mejor opción democrática.

Si esas reglas pueden modificarse en función de presiones, apelaciones o influencias políticas, el problema trasciende a una lista en particular, sino que impacta al sistema en su conjunto.