Lo que necesita es abrir la puerta de su casa y encontrar una ciudad que refleje el destino de los recursos que aportó durante tantos años. Porque las tasas municipales no son una contribución simbólica: representan un compromiso entre el ciudadano y el Estado. El vecino cumple pagando; el municipio debe cumplir gestionando.
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La audacia de reelegir entre pozos, barro y oscuridad
Después de casi 20 años en el poder, ningún intendente debería pedir un voto de confianza apelando a las promesas del futuro cuando todavía tiene cuentas pendientes con el presente. El vecino ya no necesita escuchar discursos sobre lo que algún día se va a hacer.
De modo que la pregunta que cada ciudadano debería hacerse es tan sencilla como contundente: ¿mi barrio está mejor que hace 17 años? Si la respuesta es lo que vemos: calles de tierra, barro cuando llueve, polvo cuando hace calor, malezas, falta de iluminación y obras que nunca llegan, entonces es legítimo preguntarse qué se hizo en dos décadas de gobierno para transformar la ciudad.
Gobernar durante tanto tiempo significa contar con experiencia, estructura, recursos y conocimiento de los problemas. Por eso, después de casi veinte años, ya no alcanzan las explicaciones ni las excusas. El tiempo deja de ser un aliado y se convierte en el principal juez de una gestión.
Si durante todo ese periodo no se logró garantizar infraestructura básica para una parte importante de la población, la discusión ya no es cuánto más tiempo necesita un gobierno, sino por qué no resolvió esas necesidades cuando tuvo la oportunidad de hacerlo.
Cuando un vecino siente que durante años pagó puntualmente sus obligaciones mientras su realidad cotidiana cambió poco o nada, tiene todo el derecho a exigir explicaciones y a preguntarse si la continuidad representa una solución o simplemente la prolongación de los mismos problemas.
Ningún gobernador debería acostumbrarse al poder al punto de creer que una reelección es un derecho adquirido. La única legitimidad para pedir un nuevo mandato nace de los resultados. Y esos resultados no se miden por los actos oficiales, las campañas publicitarias o los discursos: se miden caminando los barrios, observando el estado de las calles, viendo si los servicios llegan por igual a todos y comprobando si el progreso dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad.
Después de diecisiete años, el vecino de San Salvador no está obligado a creer; está habilitado a comparar. Y en ese ejercicio podrá determinar si la ciudad necesita más de lo mismo o un cambio de rumbo.
En definitiva, la esencia de una democracia: que el poder de evaluar siempre pertenezca a los ciudadanos y no a quienes gobiernan.