Tras presentarse en la fiscalía para ampliar la denuncia penal, el vicecomunero Ángel Mendoza, dialogó con Radio 2 y brindó un dramático testimonio sobre el accionar de las fuerzas de infantería y la policía que irrumpieron en el terreno comunitario.
"Entraron tirando balas de goma y gases lacrimógenos. Había menores, adultos mayores y personas con discapacidad. Tiraron todas las cosas afuera y con una máquina sin patente derrumbaron por completo las tres casas donde vivían tres familias de nuestro pueblo", denunció.
Disparos a corta distancia y una decena de heridos
El referente de la comunidad detalló que el enfrentamiento se produjo cuando las familias intentaron frenar el avance de las máquinas en defensa de sus hogares. Según el reporte de los damnificados, al menos diez personas resultaron con múltiples heridas por impactos directos de armas no letales:
- Modalidad del impacto: Se denunció que los disparos con perdigones de goma se realizaron a muy corta distancia y de manera directa al cuerpo y al rostro de los comuneros, contraviniendo los protocolos de actuación policial para el uso de armamento no letal.
- Secuelas: Varios de los lesionados presentaron entre 6 y 7 impactos de bala de goma en distintas partes del cuerpo, requiriendo asistencia e iniciando actuaciones judiciales para determinar las responsabilidades del operativo.
Desaparición de menores y conflicto de tierras
El punto de mayor gravedad institucional denunciado por la representación comunitaria radica en el traslado de los niños pertenecientes a las familias desalojadas sin la debida notificación ni autorización de sus progenitores.
"Se llevaron a unos ocho menores de entre 1, 2, 5 y 7 años. No sabemos dónde están ni a dónde los trasladaron. Nos presentamos en la fiscalía para saber qué hicieron con ellos y exigir que nos den una respuesta", enfatizó Mendoza.
El conflicto de fondo se enmarca en una disputa territorial interna entre dos partes de la misma comunidad por la posesión de una parcela de tierra. Desde la conducción actual sostienen que el reclamo de la contraparte se basó en documentación irregular y planos no reconocidos oficialmente por la Dirección de Inmuebles.
Asimismo, los damnificados cuestionaron la validez y la vía institucional de la orden judicial que desencadenó el operativo, señalando la intervención de un Juzgado de Paz ajeno a la jurisdicción local, al tiempo que reclamaron la asistencia urgente del municipio de Humahuaca y del Gobierno provincial para brindar contención y techo a las familias que quedaron en la calle.
