El diputado provincial del Frente de Izquierda, Gastón Remy, criticó la escasez de temas en el orden del día, cuyo único proyecto de ley a tratar de forma directa es una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo Provincial para expropiar parcelas de tierra destinadas a la construcción de rotondas en los accesos al barrio Alto Comedero y en el empalme entre la Ruta Nacional 9 y Los Alisos.
"La última sesión fue a fines de junio. Hoy nos encontramos con un temario de un solo proyecto de expropiación para unas rotondas. Además, mañana tomará estado parlamentario el proyecto para financiar estas obras, el cual ingresará formalmente a la Comisión de Finanzas para su análisis", explicó.
Tarifazos de luz, citación a EJESA y parálisis de comisiones
El legislador denunció la falta de voluntad política del bloque oficialista para dar tratamiento a problemáticas sociales de urgencia que afectan a la población jujeña, como los aumentos en las tarifas de servicios públicos y el conflicto salarial docente.
Remy recordó que existía un compromiso asumido por los presidentes de bloque para citar a las autoridades de la empresa prestataria del servicio eléctrico (EJESA) y del ente regulador (SUSEPU) a brindar explicaciones en el recinto sobre los cortes, la falta de inversiones y las multas aplicadas. Confirmó que exigirán ratificar esa citación durante la jornada.
Cuestionó además que comisiones clave como Finanzas o Educación no estén manteniendo reuniones de trabajo regular, dejando congeladas iniciativas opositoras para frenar tarifazos, discutir el sistema energético o recomponer los salarios del sector público.
Polémica por la difusión de datos de docentes
Finalmente, el diputado se refirió a la controversia generada por la publicación en el Boletín Oficial de una nómina de casi 2.000 docentes en proceso de sumario, tema que fue llevado a la Legislatura por la conducción del gremio CEDEMS:
"Es un tema muy grave. Hay leyes de protección de datos personales de los empleados públicos que se han vulnerado. Exponer públicamente a casi 2.000 educadores con DNI antes de que exista una resolución genera un estigmatización inmediata. No alcanza con que los funcionarios argumenten que fue un error; se deben asumir las responsabilidades legales correspondientes", concluyó.
