Uno de los artículos más destacados es el que propone eliminar las elecciones de medio término. Según esta propuesta, los jujeños elegirían no solo al gobernador, sino también a los 48 diputados cuyo mandato vencería junto con el del gobernador después de cuatro años. Esta medida plantea que los diputados durarán cuatro años en sus funciones sin posibilidad de prórroga, renovándose la Legislatura en su totalidad cada cuatro años. Si bien permite la reelección consecutiva, impone un intervalo legal entre mandatos.
Los peligros de la concentración de poder
La reciente elección de gobernador en la provincia de Jujuy, que resultó en la victoria de Carlos Sadir, ministro de Hacienda del actual mandatario Gerardo Morales y presidente de la Unión Cívica Radical, no ha sido la única noticia relevante para los jujeños. En paralelo, se llevaron a cabo votaciones para elegir convencionales constituyentes con el propósito de reformar parcialmente la carta magna de la provincia. El texto preliminar de estas reformas ha generado importantes cambios en el régimen electoral y ha recibido críticas por parte de la oposición.
El argumento principal del oficialismo para respaldar esta medida es el ahorro de fondos. Se señala que la mayoría de las provincias con legislaturas unicamerales renuevan sus legislaturas cada cuatro años, como ocurre en Córdoba y La Pampa, y se destaca la reducción significativa de gastos políticos que esto implica.
Sin embargo, hay otra reforma que ha generado polémica y fuertes críticas por parte de la oposición local. El punto 11 del artículo 86 establece que la fuerza política ganadora se quedará con la mitad más uno de la Legislatura, mientras que el resto de las bancas se repartirá entre los partidos políticos que superen el piso electoral mediante el sistema D'Hondt. Esta medida ha despertado preocupación y rechazo, ya que otorga una ventaja significativa a la fuerza política ganadora, limitando la representatividad y la diversidad política en la Legislatura.
Otra reforma destacada es la eliminación de las reelecciones indefinidas de diputados, intendentes y concejales. La propuesta oficial prohíbe expresamente la ley de lemas y establece un límite de dos mandatos consecutivos, además de permitir el veto parcial de leyes. Estas medidas buscan limitar la concentración de poder y fomentar la renovación política en la provincia.
Si bien las sesiones de la Convención Constituyente llevan más de una semana, el texto del oficialismo ingresó a la Legislatura y ha generado un fuerte debate.
Desde el peronismo no enrolado en el PJ, se ha criticado la supresión de las elecciones intermedias, argumentando que se estaría quitando el derecho de los jujeños a votar cada dos años. La izquierda también ha expresado su oposición, señalando que se está consolidando un régimen totalitario en Jujuy con el control del poder ejecutivo sobre la legislatura.
En este contexto, es fundamental un análisis crítico de las reformas propuestas en Jujuy. Si bien algunas medidas, como la limitación de reelecciones indefinidas, podrían fomentar la renovación política y evitar la concentración de poder, otras, como la eliminación de elecciones intermedias y el sistema de distribución de bancas, plantean interrogantes sobre la representatividad democrática y la diversidad política en la Legislatura.
Es esencial que los jujeños y la comunidad política en su conjunto participen activamente en el debate y discusión de estas reformas constitucionales, asegurándose de que se respeten los principios fundamentales de la democracia, la participación ciudadana y la pluralidad política. La reforma constitucional es una oportunidad para fortalecer las instituciones y garantizar un sistema político más transparente, equitativo y representativo en Jujuy.
El sistema de mayoría simple, también conocido como First Past the Post (FPTP), es uno de los sistemas electorales más antiguos y sencillos que existen. Es predominante en los países de habla inglesa y se aplica generalmente en distritos uninominales, donde se elige a un solo representante popular por mayoría en cada uno de ellos. En este sistema, cada elector tiene un voto y el candidato que obtiene el mayor número de votos gana, incluso si no alcanza la mayoría absoluta.
Sin embargo, este sistema ha sido objeto de críticas debido a que, en casos de gran fragmentación del voto, puede ocurrir que un candidato que represente a una pequeña minoría del electorado obtenga la mayoría simple de los votos y sea declarado ganador.
La principal objeción a los sistemas de mayoría está relacionada con los efectos de sobre y
subrepresentación que pueden producirse cuando se utilizan para la elección de órganos legislativos. Bajo este sistema, un partido con mayoría, ya sea relativa o absoluta, puede acaparar todos los cargos en disputa, lo que resulta en una sobrerrepresentación de ese partido y en una subrepresentación de sus adversarios.
Uno de los principales argumentos en contra de los sistemas de mayoría simple es su capacidad para privar a los partidos minoritarios de una representación justa.
Bajo este sistema, se espera que el partido que obtenga aproximadamente el 10% de los votos, por ejemplo, obtenga alrededor del 10% de los escaños legislativos. Sin embargo, en la práctica, esto no ocurre. Ejemplos como las elecciones federales de Canadá en 1993, donde el Partido Progresista Conservador obtuvo el 16% de los votos pero solo el 0.7% de los escaños, o las elecciones generales de 1998 en Lesotho, donde el Partido Nacional Basotho obtuvo el 24% de los votos pero solo el 1% de los escaños, ilustran este patrón repetitivo en los sistemas de mayoría simple.
Esta concentración de poder político es problemático, ya que desalienta la participación de minorías y aumentar el sentimiento de alienación hacia el sistema político.
Otro aspecto negativo de los sistemas de mayoría simple es que un gran número de votos puede no tener influencia en la elección de ningún candidato.
La democracia se basa en el principio fundamental de la distribución equitativa y el equilibrio de poder entre las instituciones y los actores políticos. Sin embargo, cuando el poder se concentra en una sola persona, ya sea un líder político o un gobernante, surgen serios riesgos que amenazan los cimientos mismos de la democracia.
En primer lugar, la concentración de poder en una sola persona puede llevar a la erosión de los mecanismos de control y equilibrio que son esenciales para un gobierno democrático. La separación de poderes, la rendición de cuentas y la transparencia son elementos clave de la democracia que se ven comprometidos cuando un líder acapara todo el poder. Esto da lugar a un abuso de poder, corrupción y violaciones de los derechos humanos, ya que no hay suficientes controles para contrarrestar las decisiones y acciones arbitrarias.
Además, la concentración de poder en una sola persona socava la pluralidad de voces y opiniones en una sociedad democrática. La diversidad de perspectivas es fundamental para un debate político saludable y una toma de decisiones equilibrada. Cuando todo el poder se encuentra en manos de una sola persona, se suprime la libertad de expresión, la disidencia y la participación ciudadana, lo que limita la capacidad de la sociedad para influir en las decisiones políticas.
Otro riesgo inherente a la concentración de poder es la falta de alternancia y sucesión democrática. En una democracia saludable, es crucial que el poder cambie de manos periódicamente a través de elecciones libres y justas. Esto permite la renovación de liderazgo y la introducción de nuevas ideas y enfoques. Sin embargo, cuando una sola persona acumula todo el poder, puede perpetuarse en el cargo de forma indefinida, creando un ambiente propicio para la consolidación del autoritarismo y el debilitamiento de los principios democráticos.
Además, la concentración de poder en una sola persona tiene consecuencias negativas para la economía y el desarrollo. Sin una adecuada separación de poderes y control institucional, se toman decisiones basadas en intereses personales o de grupo en lugar del bienestar general. Esto lleva a una mala gestión económica, la desviación de recursos y el estancamiento del desarrollo, ya que no hay suficientes salvaguardias para garantizar la rendición de cuentas y la eficiencia en la toma de decisiones.
La concentración de poder en un autócrata se debilita la confianza y la legitimidad de las instituciones democráticas. Cuando la sociedad percibe que todo el poder se concentra en una sola figura, se socava la confianza en el sistema político en su conjunto. Esto genera descontento, polarización y conflictos sociales, ya que las personas sienten que no tienen voz ni capacidad de influencia en el proceso político.
Para mantener una democracia sólida y saludable, es esencial garantizar la distribución equitativa del poder y fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas. Solo así se podrá salvaguardar los principios fundamentales de la democracia y evitar los peligros que conlleva la concentración excesiva de poder.