La cultura feudal instalada en la región desde hace décadas es un sistema político donde el poder se concentra durante largos periodos en pocas personas o grupos, donde existe una fuerte dependencia económica del Estado, donde los organismos de control tienen escasa autonomía y donde las relaciones personales pesan más que las instituciones. Esto es común en toda la región.
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El Norte Grande necesita reformas institucionales visibles para generar confianza
Cuando los gobernadores del Norte Grande hablan de atraer inversiones y generar empleo, generalmente ponen el foco en incentivos fiscales, infraestructura, energía o recursos naturales. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que esos factores, aunque importantes, no son suficientes. La inversión privada también depende de la calidad institucional y de la previsibilidad de las reglas de juego.
Más allá de que el término “cultura feudal” sea discutible, la polémica de fondo es real: los inversores buscan entornos donde los contratos se respeten, la justicia funcione con independencia, los cambios regulatorios sean previsibles y las decisiones administrativas no dependan de la discrecionalidad política.
Un empresario que evalúa invertir millones de dólares no solo analiza la rentabilidad potencial. También se pregunta qué ocurrirá si tiene un conflicto con el Estado, cuánto demorará una habilitación, si las normas cambiarán de manera inesperada o si contará con igualdad de trato frente a otros sectores económicos. Cuando esas respuestas son inciertas, aumenta la percepción de riesgo y el capital suele dirigirse hacia otros destinos.
Por otra parte, existe una contradicción frecuente en muchas economías regionales. Los gobiernos afirman que necesitan más empleo privado, pero al mismo tiempo mantienen estructuras donde una parte significativa de la población depende directa o indirectamente del empleo público, de contratos estatales o de programas gubernamentales. Esa dependencia puede generar estabilidad política en el corto plazo, pero dificulta la construcción de un ecosistema económico dinámico basado en la iniciativa privada, la competencia y la innovación.
Revertir esta situación no es una tarea sencilla ni rápida. Implica fortalecer la división de poderes, garantizar transparencia en compras y contrataciones públicas, profesionalizar la administración estatal, mejorar la calidad educativa, reducir la burocracia y generar confianza en que las reglas serán las mismas para todos. Son reformas menos visibles que inaugurar una obra o anunciar un parque industrial, pero suelen tener un impacto mucho más profundo sobre las decisiones de inversión.
El Norte Grande posee enormes ventajas competitivas: recursos mineros, energía, turismo, agricultura y una ubicación estratégica en Sudamérica. Sin embargo, transformar ese potencial en empleo sostenido requiere algo más que la voluntad de plantear la necesidad de inversiones y empleo. Requiere instituciones sólidas y confianza.
La confianza no se decreta en una reunión del CFI; se construye a partir de reglas claras, controles efectivos y un funcionamiento democrático que ofrezca previsibilidad a los ciudadanos, trabajadores e inversores por igual. Tristemente, estos tres elementos estuvieron ausentes en la 23.ª Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande, realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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