El proceso concluyó con la adjudicación de los corredores a solo dos empresas, una de ellas Santa Ana, firma sobre la que pesan cuestionamientos vinculados a su política laboral debido al despido de decenas de trabajadores y a una importante deuda salarial reclamada por ex empleados. Estos antecedentes explican en gran medida la preocupación y la resistencia de los trabajadores de la empresa Xibi Xibi a ser absorbidos por dicha compañía, presidida por Jorge Castelli, empresario señalado por sus supuestos vínculos con el poder político en Jujuy y por su presunta participación, en el pasado, en negocios relacionados con el entonces secretario de Transporte de la Nación durante el gobierno de Néstor Kirchner, Ricardo Jaime, posteriormente condenado por la Justicia Federal.
Una licitación que premia el prontuario y castiga el currículum
La situación del transporte público en San Salvador de Jujuy atraviesa uno de los momentos más conflictivos de los últimos años, y el escenario parece haberse agravado a partir de una licitación que, lejos de generar competencia y mejorar la calidad del servicio, terminó concentrando aún más el mercado.
La controversia no se limita únicamente a la cuestión laboral.
Sobre el proceso licitatorio sobrevuelan sospechas políticas que alimentan la desconfianza de amplios sectores de la sociedad. Las denuncias formuladas por empresarios que participaron de la compulsa, entre ellos Rodolfo Severich, sostienen que existieron decisiones administrativas que terminaron favoreciendo a determinados actores y dejando fuera de competencia a otros operadores.
En ese contexto surgió la posibilidad de conformar una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre las firmas afectadas por la licitación para preservar las fuentes laborales y garantizar la continuidad de los servicios. Sin embargo, la viabilidad jurídica de esa alternativa dependerá de la voluntad política del intendente para encontrar una salida consensuada.
El próximo jueves los trabajadores acudirán al Concejo Deliberante, hasta ahora ausente frente a las consecuencias de este bochorno, para plantear esta iniciativa e incorporarla a la discusión institucional. Si la propuesta no prospera, analizan avanzar con pedidos de nulidad de la licitación.
Mientras tanto, el malestar se profundiza porque el usuario continúa siendo el principal perjudicado por un servicio deficiente y costoso. Esa combinación de tarifas crecientes y baja calidad alimenta la sensación de que el sistema funciona más en beneficio de los operadores y de sectores vinculados al poder que de quienes utilizan diariamente el transporte público.
No existe una intervención política de mayor envergadura en este conflicto porque el poder real de la provincia ha blindado a las autoridades municipales, que por sí solas no tendrían la capacidad política ni institucional para avanzar y consolidar una decisión de semejante magnitud.
Casa de Gobierno y Municipalidad aparecen como partes de un mismo entramado político que impulsó las decisiones hoy cuestionadas. Por esa razón, y conociendo los antecedentes, resulta difícil imaginar una revisión administrativa o judicial profunda del proceso.
El conflicto del transporte en Jujuy se ha transformado en un símbolo de las dificultades que enfrenta la sociedad frente a una dirigencia encapsulada en sus disputas de poder, relegando los intereses de los usuarios, que hoy encuentran en el sistema poco más que desamparo.