En la búsqueda de responsables por este nuevo capítulo de la crisis vuelven a aparecer funcionarios de todos los niveles: desde la quita inicial de subsidios decretada por el ex presidente Mauricio Macri en 2019, la falta de restructuración del fondo compensador en tiempos de Fernández-Massa y en tiempos recientes la reorientación hacia la demanda limitándose a pagar el Atributo Social Interior que hasta junio (último dato cargado) implicó transferencias por $757.141.082,26 cortesía de Milei.
No se puede evitar responsabilizar a los dos últimos gobernadores por su falta de experticia preventiva, ya que los problemas con el normal funcionamiento del servicio han sido recurrentes durante los últimos cinco años, aunque en lo inmediato, es el intendente Raúl Jorge, quien lleva 17 años al frente del municipio capitalino, sería el mayor incumplidor, al no hacer gala de las facultades de control que le requiere el cargo como actor concedente. Este hecho ya ha derivado en denuncias penales efectuadas por al menos dos entidades dedicadas al derecho de los consumidores.
Dado el incumplimiento en el pago total de los salarios desde marzo a la fecha, los trabajadores del sector han encontrado en la huelga el mecanismo por excelencia para expresar su descontento, toda vez que las conciliaciones obligatorias dictadas desde la Secretaría de Trabajo han sido un mecanismo de resolución ineficaz, al que no siempre han correspondido los otros dos actores involucrados (patronal y gobierno). Convencidos que a las firmas de transporte urbano e interurbano llegan fondos suficientes para liquidar los sueldos, esta semana desde UTA divulgaron documentos sobre la recaudación, que hasta el momento eran celosamente guardados, muchas veces con la venia del Concejo Deliberante donde el oficialismo opta por ignorar datos clave en la tabla polinómica que dictamina el precio adecuado de los boletos.
En el archivo Excel sobre el Pago de Compensación Provincial Septiembre/2024 se observa una erogación de fondos públicos de $420.000.000 distribuidos en 28 empresas con asiento en San Salvador, Monterrico, Perico, Palpalá y también aquellas que prestan servicio interurbano, siendo Santa Ana S.R.L. la de mayor percepción con $100.540.589,84.
Como fue expresado líneas arriba, esto es solo una parte de la enorme masa de subsidios recibidos, llegando montos significativamente mayores desde Nación, aunque vale la aclaración, ya no tan generosos como en épocas del extinto Fondo Compensador, aún cuando el perfil siempre tuvo vicios de antifederalismo a favor del AMBA.
En un documento adicional pueden verse los ingresos por sistema SUBE (no todas las unidades lo poseen y no todas las empresas están cuantificadas) donde nuevamente Santa Ana aparece como el mayor recaudador a través del pago de boletos con la tarjeta en cuestión acumulando más de $330 millones, seguido de lejos por El Urbano (casi $180 millones) y Gral. Savio (más de $120 millones).
A criterio de los trabajadores en conflicto, ambos tipos de ingresos serían suficientes para costear los salarios y seguir manteniendo el sistema de transporte operativo sin dañar severamente la rentabilidad empresaria o en su defecto, recargar sobre el usuario un nuevo aumento tarifario como está previsto en el corto plazo.
