- Los cortes del servicio de transporte urbano se han vuelto moneda corriente desde 2019 con las primeras modificaciones a los subsidios enviados por Nación.
- Como ocurre con los estados provinciales y su dependencia de recursos coparticipables, las empresas no conciben forma de independizarse.
- El círculo vicioso de costos de funcionamiento, baja de recaudación, imposibilidad de pago, medida de fuerza y corte de servicio son ignorados por la clase política.
Crisis del transporte: un círculo vicioso que la política elige ignorar
Los actores involucrados en el funcionamiento del transporte urbano no encuentran soluciones para el conflicto a pesar de las reuniones de conciliación. La parsimonia política tiene como consecuencia la naturalización del paro como medida recurrente, mientras que los empresarios reniegan de un esquema comercial improductivo y los usuarios se arreglan se las ingenian para viajar por la ciudad.
Empresario, chofer y usuario constituyen una simbiosis, naturalmente equilibrada, para que el transporte se desarrolle en cualquier ciudad. Aún en la desigualdad de poder socio económico, el trinomio solo funciona en tanto sus pares participen plenamente del circuito, por eso al romperse el pacto de prestación-remuneración (llámese convenio colectivo de trabajo) la estructura se desmorona.
Hasta 2019 el gobierno nacional había sido un actor externo, con responsabilidades de contralor ejercidas por el Ministerio de Transporte o la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que a través de la inyección de fondos de manera mensual contenía el valor del pasaje para regocijo de los ejecutivos y tranquilidad de los choferes. Pero en el afán de alcanzar el equilibrio fiscal, el ex presidente Mauricio Macri procedió a la quita del subsidio al transporte, delegando eventualmente esa responsabilidad sobre los gobernadores. Como resultado las provincias deberían cubrir el 60% del boleto con recursos propios, por ese entonces $60.000 millones, para impedir un gran tarifazo y según la capacidad económica de cada jurisdicción se pudo contener en mayor o menor medida.
Pasarían otros tres años, ya durante la gestión de Alberto Fernández, hasta la creación de un Fondo Compensador del Transporte (Resolución N°82/2022) para una nueva inyección de fondos públicos nacionales en el sistema, que a la postre terminaría por generar una sobredependencia empresarial, ya que los mismos CEO´s jujeños reconocen que los montos percibidos en concepto de subsidios son utilizados en su totalidad para el pago de salarios.
Como era de esperar, con la reorientación ideológica 2024, la disolución del Fondo Compensador y el método para orientar el subsidio sobre la demanda (pasajero) terminó por exponer los defectos del esquema financiero del transporte urbano, previamente deteriorado por la aceleración inflacionario: el estado de emergencia en San Salvador de Jujuy habrá sido sancionado por el Concejo Deliberante a fines del período 2023, pero los conflictos de recaudación y posterior pago de las empresas hacia sus choferes ya revestía carácter estructural.
El aumento de los costos de mantenimiento de las unidades, un efecto colateral de la devaluación permanente de la moneda argentina, sumado al creciente precio del gasoil cuyo congelamiento ya no podía ser disimulado por el ex ministro de Hacienda Sergio Massa, terminaron por generar un desfase entre ingreso-egreso que ni siquiera pudo ser subsanado con los aumentos trimestrales de boleto y sin necesidad de entrar en detalle sobre los acuerdos paritarios alcanzados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la órbita nacional.
Como resultado el usuario paga cada vez más por el mismo servicio, con innegables signos de desgaste en flotas completas, para que los balances contables sigan sin alcanzar niveles de equilibrio, mucho menos de rentabilidad sólidos. En solo tres meses, el pasaje urbano escalará de $125,50 hasta la tarifa ya confirmada para marzo de $480, lo que implica una variación del 282%.
Si las cuentas no cierran el hilo se corta por lo más delgado. Los choferes no perciben la totalidad de sus haberes por un trabajo ya cumplido y que debería ser remunerado antes del 5to día hábil del mes, desencadenando un efecto mariposa de la decadencia en el sistema de transporte (explicado en la infografía). Mientras tanto las autoridades ya sea por falta de voluntad o de ideas, solo atinan a habilitar nuevos aumentos del servicio, sin que esto implique una mejora sustancial de recaudación y solo quede en un castigo económico para la población salarialmente deprimida.