Los derechos humanos y la salud de la democracia

Es esencial recordar que tanto la democracia como los derechos humanos comparten raíces temporales en el esplendor de la civilización griega y se fundamentan en valores similares.

La democracia griega buscaba ser un sistema de gobierno legítimo que permitiera tomar decisiones para el beneficio de toda la ciudadanía, mientras que conceptos centrales en la doctrina de los derechos humanos, como la equidad y la igualdad, se desarrollaron a partir de debates sobre la justicia.

La relación entre estos dos temas se hace evidente cuando se habla de justicia social. A lo largo de la historia, esta conexión entre el sistema de gobierno democrático y los derechos fundamentales ha sido retomada y perfeccionada, desde la Escuela Clásica del Derecho Natural hasta las declaraciones de independencia de diferentes países.

Para estos pensadores, la relación entre los derechos humanos y el ejercicio legítimo del poder trasciende la mera forma de elegir a los gobernantes y se convierte en una cuestión de legitimidad.

En la actualidad, las relaciones entre democracia y derechos humanos deben basarse en los instrumentos internacionales adoptados para consagrar y proteger los derechos fundamentales. Los derechos políticos, que incluyen la participación en la dirección de los asuntos públicos y la elección de representantes, estas son una exigencia derivada de los tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, no se puede afirmar que se cumplen las obligaciones en materia de derechos humanos si no se impulsa y mantiene un régimen democrático.

Además, las instituciones fundamentales de la democracia desempeñan un papel crucial en garantizar la vigencia de los derechos humanos, corregir las violaciones y reparar sus consecuencias. La primera de estas instituciones es la Justicia, cuya imparcialidad y eficacia son indispensables para recibir denuncias, investigar violaciones y tomar medidas correctivas. Sin una justicia sólida, la vigencia de los derechos humanos resulta ilusoria.

Si consideramos que el objetivo de la democracia va más allá del mero ejercicio del gobierno y busca el bienestar de los ciudadanos, los derechos humanos proporcionan una guía para medir la calidad de la democracia. Los derechos humanos son fundamentales para medir la salud y la calidad de la democracia, ya que ofrecen parámetros acordados internacionalmente.

Esta relación útil se refleja claramente en el ámbito de la participación política, donde se engloban actividades que requieren la vigencia de los derechos humanos. Sin esta vigencia, estas actividades se convierten en rituales vacíos que podrían servir a cualquier causa, por menos democrática que sea.

La participación política es un concepto complejo que engloba diversas actividades de los miembros de una comunidad en virtud de su derecho a decidir sobre el sistema de gobierno, elegir representantes políticos, ser elegidos y ejercer cargos de representación, participar en la definición y elaboración de normas y políticas públicas, y controlar el ejercicio de las funciones públicas encomendadas a sus representantes. Esta noción, adoptada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), destaca la importancia de la participación ciudadana en todos los niveles de gobierno, ya sea a nivel nacional, regional o local.

Es fundamental entender que la participación política no se limita únicamente a los procesos políticos nacionales, sino que también incluye la toma de decisiones en comunidades indígenas, tribales o autónomas, respetando sus prácticas y particularidades propias. Esto refleja la diversidad de nuestra sociedad y enriquece la búsqueda de soluciones más democráticas.

La determinación del sistema de gobierno es un aspecto crucial de la participación política, ya que la democracia es el régimen exigido por los derechos humanos y el único que goza de legitimidad en este contexto. Si bien existen diferentes tipos de democracia, es importante que la comunidad tenga la facultad de escoger y enriquecer el sistema de gobierno en función de sus características y necesidades.

Es evidente que la democracia representativa, basada en la elección de representantes, es fundamental. Sin embargo, la mera representación no siempre es suficiente para garantizar la plena realización de la democracia. En este sentido, la participación directa de los ciudadanos, a través de mecanismos que les permitan influir en la definición de normas y políticas públicas, agrega un componente sustancial a una verdadera democracia. Esta participación activa no está en oposición a la representación, sino que la fortalece y asegura una mayor inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Asimismo, es necesario promover la descentralización del poder y fortalecer los gobiernos locales para evitar la concentración excesiva de poder en el gobierno central. La concentración del poder ha llevado a la postergación de los sectores rurales y al alejamiento de los ciudadanos de las instancias de gobierno. Impulsar la participación política a nivel local contribuye a acercar el gobierno a la población y a garantizar un desarrollo más equitativo y sostenible.

En la construcción de una sociedad democrática y justa, resulta crucial analizar con objetividad las políticas implementadas en relación a los derechos humanos durante el período del kirchnerismo en Argentina.

Es innegable que existieron decisiones y acciones que generaron divisiones y reabrieron heridas en lugar de contribuir a la consolidación de una unidad nacional y la búsqueda de la verdadera justicia.

Es válido cuestionar el enfoque adoptado por el kirchnerismo en la materia, argumentando que se trató de una instrumentalización oportunista y clientelar del pasado. Es cierto que se sacralizó un relato sesgado y sectario, que dejó poco espacio para la reconciliación y el perdón. La falta de una visión amplia y equilibrada respecto a la memoria histórica generó tensiones y obstaculizó el avance hacia un futuro común.

Resulta esclarecedor observar cómo otros países que atravesaron períodos de violencia y divisiones internas lograron encaminarse hacia la reconciliación y la construcción de una sociedad más justa. Estas naciones optaron por soluciones políticas que les permitieron avanzar y dejar atrás el peso del pasado, mereciendo admiración por su capacidad de superación.

Es fundamental reflexionar sobre el triste saldo que ha dejado el paso de 40 años de democracia en Argentina. A pesar de los avances logrados, persisten divisiones y conflictos que no hemos logrado superar en su totalidad. Es momento de reconocer que el uso oportunista del pasado y la falta de una mirada amplia han contribuido a mantener abiertas las heridas y dificultado la consolidación de una sociedad unida.

La defensa de los derechos humanos implica no solo mirar hacia atrás y recordar las tragedias del pasado, sino también comprometerse activamente con la construcción de un presente y un futuro en los que se garanticen esos derechos para todos los ciudadanos. Esto implica fomentar la reconciliación, el diálogo y la búsqueda de consensos, reconociendo la importancia del olvido en determinadas circunstancias para poder avanzar hacia una sociedad más justa y en paz.

Los derechos humanos, como pilares fundamentales de una sociedad justa y equitativa, deben estar por encima de cualquier facción política. Lamentablemente, cuando una facción se apropia de los derechos humanos, se corre el riesgo de socavar su credibilidad y generar desconfianza en la necesidad de que estos derechos alcancen a todos los ciudadanos.

La pérdida de credibilidad es una consecuencia directa de la instrumentalización de los derechos humanos por parte de una facción política. Cuando se utilizan de manera sesgada o partidista, los derechos humanos dejan de ser vistos como principios universales e inalienables, y se convierten en meras herramientas para alcanzar objetivos políticos específicos. La población comienza a cuestionar si los derechos están siendo verdaderamente protegidos o si se trata simplemente de una estrategia manipuladora.

Además, esta apropiación política de los derechos humanos genera polarización en la sociedad. Cuando una facción se atribuye la defensa exclusiva de los derechos, se excluye o desacredita a otras facciones, generando divisiones y dificultando la construcción de un consenso amplio sobre la importancia de los derechos humanos. La lucha por los derechos debería unir a todos los sectores en pos de un bienestar común, en lugar de convertirse en motivo de discordia y confrontación.

El resultado de esta apropiación política de los derechos humanos es el desaliento y la apatía en la población. Cuando los derechos son utilizados como herramientas partidistas en lugar de ser defendidos integralmente, se genera desilusión y desinterés en la necesidad de que los derechos humanos alcancen a todos. La gente puede llegar a pensar que la protección de los derechos es limitada y selectiva, alejándose de la convicción de que estos deben ser un objetivo común para el bienestar de toda la sociedad.