Radicales creen que la democracia es el gobierno de los más contra los menos

Para que usted tenga una idea, dos de los partidos de la oposición, desde que inició el ciclo parlamentario, han presentado una gran cantidad de pedidos de informes sobre temas muy graves: La Libertad Avanza, algo más de 35, y la izquierda, unos 19. En ambos casos, las solicitudes no fueron respondidas por el oficialismo en la Legislatura, cuya mayoría comparten radicales y sus socios contra natura del peronismo de Rivarola.

Ahora bien, desde un análisis técnico-jurídico, el pedido de informes no es un favor que el funcionario hace, sino una obligación derivada del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno.

La pregunta es: ¿qué pasa en escenarios como el de Jujuy, donde la oposición suele denunciar que estos pedidos terminan durmiendo el sueño de los justos en alguna comisión? Cuando el oficialismo se abroquela y no responde, estamos ante una patología institucional.

Generalmente, esto sucede por esa hegemonía política que anula el sistema de frenos y contrapesos. Si el oficialismo tiene mayorías automáticas, decide qué se trata y qué se cajonea, transformando el derecho a la información en una simple sugerencia.

¿Se está violando el acceso a la información pública? La respuesta corta es un rotundo sí. El derecho a saber es un derecho humano fundamental y, en Argentina, está amparado tanto por la Ley Nacional 27.275 como por las normativas provinciales de transparencia.

Restringir estos datos no solo es una falta ética, sino una ilegalidad que golpea el corazón del control ciudadano. Respecto a las sanciones, la ley prevé que el incumplimiento injustificado puede derivar en sanciones administrativas para el funcionario responsable, pero también abre la puerta a la vía judicial mediante el recurso de amparo por mora o de acceso a la información.

En casos más graves, la persistencia en el ocultamiento podría encuadrarse en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El problema real es que, mientras la justicia camina a paso de tortuga, la información pierde vigencia y el daño a la transparencia ya está hecho, dejando a la sociedad a oscuras sobre cómo se administra el dinero que es de todos.

En la teoría política, esto se conoce como “vaciamiento de las instituciones”, donde la democracia se reduce a un mero ejercicio de aritmética electoral y pierde su esencia de control y deliberación. Cuando una mayoría circunstancial utiliza su número para bloquear sistemáticamente el acceso a la información, aplica lo que técnicamente se denomina “bloqueo institucional por hegemonía”, transformando al Poder Legislativo en una escribanía del Ejecutivo.

Esta perversidad política le hace un daño estructural a la democracia porque rompe el contrato de confianza con el ciudadano y anula el principio de rendición de cuentas o accountability, que es la obligación legal de los gobernantes de responder por sus actos.

En provincias con sistemas de mayoría consolidada como Jujuy, se observa una manipulación del orden del día y el uso discrecional del reglamento interno para enviar a “comisiones de archivo” cualquier pedido de informes incómodo, lo que constituye una forma de censura administrativa previa.

Estos mecanismos están diseñados para evitar el costo político de la mala gestión, ocultando datos sobre salud, deuda pública o seguridad bajo un manto de opacidad que la ley claramente prohíbe. El daño es severo porque, al no haber datos oficiales, la población queda vulnerable y el debate público se degrada, permitiendo que la corrupción o la ineficiencia se institucionalicen.

Cuando el número mata a la razón y a la transparencia, dejamos de vivir en una democracia pluralista para pasar a una “democracia delegativa” o a un autoritarismo competitivo, donde el voto le da al ganador un cheque en blanco para gobernar en las sombras, lesionando el derecho humano a la verdad y condenando a las minorías —que representan a una parte importante de la sociedad— al silencio y a la irrelevancia política.

Cuando un gobierno utiliza su mayoría para ignorar a la oposición, no solo está ninguneando a un dirigente, sino que está borrando del mapa a miles de ciudadanos que delegaron su voz en esa minoría. En términos técnicos, esto implica una confusión peligrosa entre la “legitimidad de origen”, que es el voto que permite ganar, y la “legitimidad de ejercicio”, que es gobernar respetando la ley y el pluralismo.

El mandato democrático no es una propiedad privada del ganador, sino una carga pública para gestionar el bien común de la totalidad del cuerpo social, sin distinción de colores políticos.

Al obturar los pedidos de informes o ignorar las iniciativas de la minoría, el poder hegemónico incurre en lo que la ciencia política denomina “exclusión política de hecho”, una práctica que degrada el Estado de derecho porque asume que el 51% tiene derecho a invisibilizar al 49% restante.

Es una miopía política total, porque la gestión pública se nutre del control. Cuando no se escucha a la oposición, se pierden las alarmas tempranas sobre errores en salud, educación o seguridad, y esa ceguera termina golpeando directamente a la población más vulnerable.

La democracia real no es el gobierno de los más contra los menos, sino el gobierno de la mayoría con respeto absoluto a las minorías y con el deber ético de rendir cuentas a todos. Porque el presupuesto que gestionan no sale de un comité partidario, sino del esfuerzo impositivo de cada ciudadano, piense como piense.

Ignorar a las minorías es, en definitiva, una forma de autoritarismo suave que termina fracturando el tejido social y convirtiendo a las instituciones en cáscaras vacías que solo sirven a quien ostenta el poder de turno.