¿Qué pasa cuando el poder se encierra y no responde los pedidos de informes de nuestros representantes? Históricamente, en el país hemos visto cómo legisladores de distintas fuerzas han tenido que sacarse el traje de parlamentarios y ponerse el de ciudadanos para acudir a la Justicia mediante recursos de amparo, cansados de que sus preguntas terminen en un cajón. Lo interesante es que la Justicia, en casos que ya son hitos de nuestra jurisprudencia, ha empezado a romper ese hermetismo.
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En Jujuy, el derecho a saber depende más de quien manda que de lo que exige la ley
En Jujuy, los pedidos de informes de la oposición acumulan silencio y exponen una tensión cada vez más profunda entre poder y transparencia. Mientras la Justicia marca precedentes a favor del acceso a la información pública, crecen las dudas sobre la verdadera vigencia del control institucional.
Tenemos antecedentes fundamentales en los que la Corte Suprema de Justicia dejó muy claro que el acceso a la información no es una concesión graciosa del funcionario de turno, sino un derecho humano básico. En esos fallos, los jueces ordenaron de manera tajante la apertura de datos que antes se consideraban secretos bajo excusas de confidencialidad comercial o seguridad nacional, como ocurrió con contratos de explotación de recursos naturales o con el manejo de fondos en organismos descentralizados. El desenlace de esos casos judiciales fue una victoria para la transparencia, porque la Justicia determinó que, si el Estado maneja fondos públicos, el ciudadano —a través de sus legisladores— tiene el derecho de saber qué se hace con cada centavo.
Al final del día, estos fallos favorables a los solicitantes actúan como un recordatorio para cualquier gestión: el secreto es la excepción y la publicidad es la regla. Y aunque la respuesta a veces llegue tarde por los tiempos procesales, la judicialización está logrando que, al menos, el silencio no le salga gratis al poder político.
Cuando los pedidos de informes rebotan en el Poder Ejecutivo, lo que entra en juego es la calidad institucional. Para entenderlo mejor, hay que mirar cómo la Justicia ha pasado de ser una espectadora a convertirse en garante de que el secretismo no sea la norma, estableciendo que el control parlamentario es una función que no puede quedar a merced de la voluntad del funcionario de turno.
Un caso emblemático que marcó un antes y un después fue la sentencia de la Corte Suprema en la causa iniciada por el senador Rubén Giustiniani contra YPF. El conflicto se originó cuando el legislador solicitó conocer las cláusulas del acuerdo con la petrolera Chevron para la explotación de Vaca Muerta y recibió una negativa sistemática basada en la confidencialidad comercial.
La Justicia intervino de manera contundente y favorable al solicitante, dictaminando que el acceso a la información pública es un derecho del pueblo y que, tratándose de una empresa con participación estatal que maneja recursos estratégicos de la Nación, no existen secretos que valgan por encima del deber de transparencia.
Ese fallo fue una bisagra porque desarmó el argumento de que ciertos contratos están “blindados” frente al Congreso, obligando a que la información fuera entregada y sentando un precedente que hoy permite a cualquier legislador o ciudadano sentirse respaldado cuando el poder intenta bajar la persiana.
El desenlace de este tipo de causas deja una lección clarísima: la información no pertenece al gobierno que la genera, sino a la sociedad que la financia. Y la judicialización, aunque sea un camino largo, se ha vuelto la herramienta más eficaz para que las preguntas que nacen en el Parlamento no mueran en el silencio de una oficina pública.
La acumulación de pedidos de informes sin respuesta abre un interrogante enorme sobre la verdadera vigencia de los pesos y contrapesos del poder. Cuando escuchamos que hay más de cincuenta solicitudes de la oposición durmiendo el sueño de los justos, lo que vemos es un cortocircuito en la función de control que tiene la Legislatura. Y es ahí donde la mirada se posa inevitablemente sobre el rol de la Justicia y del Ministerio Público de la Acusación.
Resulta, cuanto menos, una paradoja institucional que el órgano encargado de investigar y acusar parezca tener una vara distinta según quién sea el destinatario de la exigencia. Porque, en un sistema republicano sano, los fiscales deberían ser los primeros en garantizar que la ley de acceso a la información pública se cumpla a rajatabla, especialmente cuando se trata de temas graves de gestión estatal.
Esta inacción —o “mirada hacia otro lado”— suele ser interpretada en los círculos jurídicos no como una distracción, sino como una señal de pérdida de autonomía judicial frente al poder político: un fenómeno en el que la estructura judicial termina siendo funcional a la opacidad del Ejecutivo en lugar de actuar como árbitro que obligue a dar respuestas.
No se trata de algo llamativo por casualidad, sino de una dinámica de concentración de poder donde las instituciones de control se vuelven testimoniales y el acceso a la información se convierte en una carrera de obstáculos casi imposible de superar para la minoría parlamentaria.
Al final del día, cuando los fiscales no intervienen para exigir transparencia y la Justicia no se hace eco de estos reclamos, lo que se erosiona es la confianza ciudadana. Porque se instala la idea de que hay instrucciones políticas por encima de la ley y que, en Jujuy, el derecho a saber depende más de la voluntad de quien manda que de lo que dictan las normas vigentes.