La causa de los "tuiteros" Nahuel Morandini y Roque Villegas que pasaron más de 50 días presos, guarda similitudes con la reciente ampliación de denuncia contra el ex procurador general Sergio Lello Sánchez en el caso Facundo Pederiva.
Aunque en principio parecen dos situaciones completamente aisladas, el famoso caso conocido como "tuiteros" y la reciente ampliación de denuncia en contra del ex procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, por presunto armado de causas, guardan muchas similitudes.
En ese sentido, varias personas se manifestaron poniendo en tela de juicio la independencia del organismo judicial que fue señalada como el brazo ejecutor, mediante la utilización de recursos, para cuestiones personales o bien de persecución contra críticos del gobierno.
En enero de 2024, Nahuel Morandini y Roque Villegas fueron detenidos y pasaron más de 50 días alojados en dependencias penitenciarias de la provincia por publicaciones en redes sociales que aludían a la vida privada del recientemente saliente gobernador Gerardo Morales y su familia.
El hecho no solo generó repudio nacional por la aparente desproporción de las medidas, con detenciones preventivas, prisiones prolongadas y cargos penales con penas potenciales de varios años, sino que encendió la alarma sobre cómo la maquinaria judicial provincial puede ponerse al servicio de intereses políticos.
El caso mostró rapidez inusual en la tramitación de pruebas, decisiones de detención y, según denuncias públicas, irregularidades en la forma de detención y alojamiento de los imputados. La intervención del MPA en estas acciones, desde la acusación hasta la dirección de la investigación, alimentó la percepción de que el organismo actuó con un sesgo que excede la mera aplicación de la ley.
El pasado jueves, se realizó una ampliación de denuncia presentada en la sede del MPA por parte de la defensa de Facundo Pederiva, a cargo del abogado Julián Martín Palmieri y sus familiares, la cual describe, con mensajes y pruebas documentales, una ingeniería de armado de causas que -de ser probada- resultaría en una de las mayores maniobras institucionales de la provincia.
En la presentación se menciona al ex procurador Sergio Lello Sánchez y al senador Ezequiel Atauche como actores centrales en la supuesta coordinación para fabricar causas, mover fiscales y presionar sobre magistrados.
Es por ello que al comparar los dos casos nombrados, atendiendo que a través de la reciente ampliación de denuncia y pedido de detención contra el ex mandamás del Ministerio Público de la Acusación pueden surgir más casos, es inevitable no hacer un sesgo de comparación.
En ambos casos hubo una rapidez operativa con decisiones, allanamientos o pericias llevadas adelante con celeridad inusual; además de la utilización de recursos institucionales como ser pericias telefónicas, órdenes de detención y coordinación entre fiscales y otras instancias judiciales.
Además, hubo una selección de objetivos, como individuos expuestos públicamente o políticamente (tuiteros; un empresario con posible conflicto con actores políticos) y sospechas de direccionamiento con denuncias que apuntan a la intervención directa de quienes tenían poder de designación o influencia dentro del MPA.
El hilo que une la causa contra los "tuiteros" con la denuncia por el supuesto armado de la causa contra Facundo Pederiva es, por ahora, una combinación de patrones y prácticas que revelarían velocidad procesal, utilización de herramientas del Estado y decisiones que favorecen a actores con poder político.
