Lejos de tratarse de un invento mediático, el termómetro social al rojo vivo lo demuestra casi a diario en las calles de San Salvador a través de manifestaciones populares que involucran organizaciones sociales, municipales, taxistas, enfermeros, médicos, madres del dolor, estafados por inmobiliarias, docentes, frentes políticos, vecinos de a pie, por citar algunos ejemplos.
La política habitacional tantas veces resaltada por el gobierno provincial merece un capítulo aparte. La necesidad de tener un techo ha motivado en más de una ocasión la ocupación ilegítima de terrenos y viviendas, pero la conciliación pacífica no suele ser un mecanismo preferencial para la clase política. No hace mucho tiempo atrás, a través de las fuerzas policiales se organizaron violentos desalojos que llegaron a portadas de medios nacionales, por eso cuesta entender desde todo punto de vista, como una cartera ministerial se convierte en "Okupa".
Guillermo David Orozco vive en Buenos Aires, pero es jujeño de nacimiento, de hecho se lo puede notar sumamente acongojado al confirmar el inicio de acciones legales contra el Estado para poder cobrar la millonaria suma que le adeudan sobre cuatro inmuebles ubicados en San Salvador de Jujuy.
Los mismos vienen siendo alquilados desde hace años, existe sobrada documentación respaldatoria que da prueba de ello, pero la reformulación de los contratos durante los últimos dos años y el ninguneo al que fue sometido cada vez que pretendió rubricar las firmas terminaron por convertirse en una inexplicable negativa a cumplir lo pactado.
Un jujeño alquiló propiedades al Ministerio de Educación y le deben los últimos 2 años
“Dejaron las casas para entregar sin pagar los alquileres, destruidas completamente. Mandé una carta documento con mi abogado para arreglar y el señor González Prada (Dirección General de Administración), un autoritario que desconoce los alquileres porque no hay contrato y no piensa pagar”.
A la buena fe del locador le responden con flagrante falta de respeto. Existe una familia con delicada salud detrás requiriendo los ingresos por rentas para cubrir tratamientos y medicación. La esposa de Orozco quien padece de artritis reumatoidea, problemas cardíacos y artrosis es quien más ha sufrido al no poder costearlos debiendo apelar al propio gobernador Gerardo Morales por una urgente intervención.
El Ministerio de Educación hizo uso y abuso de propiedades privadas al mejor estilo “okupas”
La propia madre de Orozco (92 años) quien se encuentra “postrada en una silla de ruedas” también acudió al primer mandatario jujeño para que los compromisos sean honrados, a través de un video tan sencillo, como emotivo y contundente.
El Ministerio de Educación hizo uso y abuso de propiedades privadas al mejor estilo “okupas”
"Señor gobernador, necesito que me paguen los alquileres que me deben".
La intención del propietario inicialmente era evitar la vía judicial, pero la reticencia de las autoridades de gobierno a dialogar en buenos términos podría convertirse en un daño al erario público de 180 millones de pesos entre arreglos, deudas por alquileres, daños y perjuicios entre otros conceptos.
Las propiedades en cuestión son cuatro, ubicadas en los barrios Ciudad de Nieva (Pasaje Gómez) y Almirante Brown (Las Heras esquina Los Andes). Aunque los funcionarios traten de desentenderse, Orozco asegura que sobran testigos que constatarán dicha ocupación. Siendo que hasta febrero de 2021 fueron utilizadas como oficinas de Pagos, Cultura, Ceremonial y Protocolo.
Nunca pude llegar a este funcionario soberbio que no ejerce su función como debiera. Tengo una documentación de todo el proceso por el que no se llegó a un acuerdo, pero seguían ocupando. Venían del contrato anterior y no pueden desconocer eso. La falta de responsabilidad de un funcionario perjudica a la provincia Nunca pude llegar a este funcionario soberbio que no ejerce su función como debiera. Tengo una documentación de todo el proceso por el que no se llegó a un acuerdo, pero seguían ocupando. Venían del contrato anterior y no pueden desconocer eso. La falta de responsabilidad de un funcionario perjudica a la provincia
