El caso está bajo la instrucción directa de la fiscal Daiana Serrano Antar, quien comanda una serie de diligencias urgentes para reconstruir la dinámica del hecho y establecer las responsabilidades penales pertinentes.
Desde el entorno de la investigación se precisó que la carátula se encuadra de forma estricta en la figura de apremios ilegales, consistentes en agresiones físicas mediante golpes y patadas, desmintiendo categóricamente cualquier otra tipificación o versión sobre vejámenes de otra índole.
A fin de colectar elementos probatorios de valor decisivo, la fiscalía impulsó un procedimiento operativo dentro del establecimiento penitenciario. Se llevó a cabo una exhaustiva inspección ocular en el interior de la celda donde se encontraba alojado el denunciante, ámbito del cual se procedió al secuestro de elementos que actualmente están siendo analizados por los peritos del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
En paralelo, los investigadores avanzan sobre el material fílmico obtenido mediante la revisión de las cámaras de seguridad del recinto y la toma de testimonios a personal de turno y eventuales testigos del sector.
Asimismo, se solicitó de forma prioritaria el informe médico oficial del MPA para certificar la entidad y el patrón de las lesiones que presenta el denunciante.
Uno de los puntos centrales del avance procesal radica en la situación de los uniformados señalados: cuatro agentes pertenecientes al servicio penitenciario entregaron de manera voluntaria sus teléfonos celulares, los cuales quedaron formalmente incautados y serán sometidos a peritajes informáticos en las próximas horas.
El resultado de estas pericias y las conclusiones del examen médico forense determinarán los próximos pasos a seguir por parte de la Justicia, que no descarta la aplicación de medidas cautelares o imputaciones formales sobre los efectivos involucrados.
