Ocurrió en las inmediaciones de una escuela primaria de la localidad palpaleña. Un padre interceptó a la maestra en la calle, la empujó y la amenazó verbalmente frente a su hijo de 8 años. El gremio y los trabajadores del sector exigen la urgente activación de mecanismos institucionales que contengan a los educadores en casos de agresión.
"Estamos solos y bajo mucha presión", fue el crudo testimonio de una docente jujeña que graficó el drama que atraviesan en el día a día.
Falta de protocolos de contención ante conflictos con familias, desprotección gremial y pérdida de poder adquisitivo incluso trabajando en doble turno, son algunas de las situaciones expuestas por los educadores.
Un grave episodio de violencia volvió a encender las alarmas en la comunidad educativa de Jujuy.
Mirta Erazo, docente de la escuela primaria de la localidad de Río Blanco, denunció haber sido víctima de un ataque físico y de amenazas de muerte por parte del padre de uno de sus alumnos de sexto grado, en presencia de su hijo de 8 años.
El hecho ocurrió el jueves 6 de agosto, minutos antes del ingreso al establecimiento escolar del turno tarde. Según el relato de la docente, el agresor descendió de un automóvil, la increpó de forma violenta, la empujó y le propinó agresiones verbales en la vía pública.
"Se bajó del auto, me empujó, me puso la mano en la cara y me dijo que esta vez me venía a amenazar, pero que la próxima no la contaba. Mi hijo de 8 años presenció todo, asustado y llorando", relató la maestra en diálogo con Radio 2. En el vehículo también se encontraba la madre del estudiante, quien figura como la tutora oficial ante la institución, pero según detalló la víctima, la mujer no intervino en ningún momento.
A raíz del hecho, la docente debió acudir al auxilio de una colega que vive en la zona para resguardar a su hijo y dirigirse de inmediato a la comisaría a radicar la denuncia correspondiente. Sin embargo, el caso puso nuevamente al descubierto las falencias del sistema educativo para abordar las agresiones hacia los educadores.
La docente advirtió que, si bien existen normativas para proteger el bienestar del alumnado, no hay un protocolo claro ni de respuesta inmediata para garantizar la seguridad o contención psicológica de los docentes agredidos.
Tras realizar la denuncia policial, la maestra mantuvo reuniones con autoridades de la institución, la supervisora del área y el equipo interdisciplinario del Ministerio de Educación (DAI) y el equipo PAUSA, donde reiteró la necesidad de agilizar los trámites burocráticos para obtener un traslado transitorio a otra unidad educativa.
