La subordinación del Poder Judicial a la política es mal crónico en Jujuy. De la corte adicta al peronismo durante los gobiernos de Eduardo Fellner a la mayoría automática de Gerardo Morales, el manoseo a la justicia en la provincia es una certeza para cualquiera que recorra tribunales. Por estos días, la novedad es la avalancha de juicios políticos que apuntan al menos a seis de los nueve integrantes.
Quienes son, por ahora, los nueve jueces de la Corte en Jujuy
Tres de los nueve jueces del Superior Tribunal de Justicia tienen pedidos de juicio político y ya ingresaron tres más. De fondo, el pacto Morales-Rivarola.
Cómo se llegó al tribunal actual
No había transcurrido una semana de gobierno para Morales cuando la Legislatura, alegando “ineficacia, falta de transparencia necesidad de especialización”, sancionó la Ley Nº 5.878 el 15/12/2015, dando inicio a la denominada reforma judicial. El Superior Tribunal de Justicia incorporaría cuatro nuevos miembros, al menos tres de ellos plenamente identificados con el oficialismo; se emparejaba la balanza de poder en tiempo record y al mismo tiempo quedaba plasmado el primer capítulo de la conveniente coexistencia entre radicales y justicialistas.
Durante la tarde del 18/12/2015 Sergio González, quien ostentaba la presidencia, tomaba juramento a: Laura Lamas, Federico Otaola, Pablo Baca y Beatriz Altamirano. Los últimos dos, flamantes ex diputados por la Alianza Frente Jujeño y encargados de levantar la mano en la Casa de Piedra para garantizar su inminente reubicación en el Superior Tribunal de Justicia tres días después. Lamas, en tanto, sería la garantía de "objetividad" en la nueva corte con cuatro peronistas y cuatro radicales.
Todo proceso nace ineludiblemente con fecha de caducidad, el 60% del actual plantel conoce por estas horas esa rigurosa máxima de la política doméstica, han tomado curso parlamentario tres pedidos de juicio político, un par más estarían al caer y con el prestigio en juego que las renuncias se hagan efectivas solo es cuestión de tiempo.
Los que se van
Los pedidos de juicio político ingresados en el último mes en la Legislatura son entendidos como un método de presión para que los apuntados se vayan. Tres ya habrían decido abandonar sus lugares.
Clara Aurora De Langhe de Falcone (Sala III - Contencioso Administrativa y Ambiental - Vocalía 6)
Magistrada icónica del radicalismo, fue diputada provincial en tres ocasiones 1997-2001 / 2003-2007 / 2007-2011 aunque accedería, aun bajo mandato justicialista, al Superior Tribunal en el año 2010. Con la nueva conformación renegaría de la perpetuidad de Gónzalez como presidente y gracias al nuevo “equilibrio”, sería elegida por cuatro períodos hasta que una declaración sobre la situación judicial de Milagro Sala terminó por costarle el cargo.
"Me animo a adelantarme, no vamos a permitir que quede libre la persona esperando que quede firme su sentencia. Creo que la sociedad no va a permitir, porque no quiere volver a lo que se ha vivido... Hago referencia a la dirigente social Milagro Sala
La relación con el Ejecutivo provincial quedaría profundamente deteriorada, de allí podría explicarse la presión de un nuevo pedido de juicio política y su posible renuncia. Pero su currículum también incluye otra solicitud para removerla presentada por el abogado Silvio Cazón en 2020, otro más del ex diputado Juan Manuel Esquivel en 2017, varias notas severamente críticas del periodista K Horacio Verbitsky ante una “supuesta apropiación de menores” y acusaciones mediáticas varias sobre su desempeño. El senador nacional Guillermo Snopek utilizó a la jueza como inspiración principal en su proyecto de "Intervención federal de la justicia", presentado en el Congreso durante 2020, considerando los vicios del poder judicial local.
Sergio Ricardo González (Sala I - Civil, Comercial y Familia - Vocalía 2)
Entra al máximo tribunal jujeño en 2004 durante el tercer ciclo de Eduardo Fellner como gobernador a quien debe gran parte de su carrera profesional. Antes de llegar al STJ obraba como Presidente del Tribunal de Cuentas nombrado por el antes mencionado mandatario en común acuerdo con la Legislatura.
Es uno de los vocales del Tribunal con mayor antigüedad, solo superado por del Campo. Fue presidente de manera interrumpida durante el período 2007-2015 y si bien estaba prevista su continuidad en el cargo para el año entrante, la ampliación de la corte terminó con De Langhe de Falcone elegida gracias a la incorporación de los flamantes correligionarios.
Beatriz Elizabeth Altamirano (Sala I - Civil, Comercial y Familia - Vocalía 2)
Otra ex diputada radical entre 1999-2003 y 2013-2017 aunque este segundo período no fue completado debido al llamado de la justicia. Desde el flamante Ejecutivo de Gerardo Morales la requerían en el máximo tribunal junto con el ex diputado (ex juez también) Pablo Baca, quienes protagonizaron la controversial maniobra de roles: votaron afirmativamente para ampliar la cantidad de miembros del STJ y en menos de una semana su pliego estaba siendo aprobado. Se alzaron voces considerando la maniobra “inconstitucional”, pero ningún recurso fue capaz de detenerla.
A fines de noviembre último, una abogada del fuero local solicitaría el inicio de juicio político contra Altamirano considerando “incumplimiento de su labor como funcionaria judicial por denegación de justicia”, acción que no prospero.
En la mira
José Manuel Del Campo (Sala II - Penal - Vocalía 3)
Conocido en el mundillo jurídico por sus vínculos con Eduardo Fellner, sin embargo tiene un recorrido amplio que le ha valido por ejemplo en 2018 un reconocimiento a “su destacada trayectoria como juez del Alto cuerpo”, otorgado por la ComisiónDirectiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.).
En 2012 fue elegido para presidir la Junta Permanente de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias del NOA.
Se trata del juez con mayor antigüedad en el cargo contabilizando 24 años consecutivos desde su designación en el año 1998; fue presidente por siete años consecutivos durante el período 2000-2006 siendo sucedido por González. Antes obró como Fiscal General del STJ durante cuatro años.
María Silvia Bernal (Sala IV - Laboral - Vocalía 7)
Al igual que los casos anteriores tiene filiación justicialista e ingresó al STJ de la mano del ex gobernador Fellner en el año 2004 luego de oficiar como fiscal de Estado.
Con la llegada de la pandemia a Jujuy fue doblemente noticia durante 2020, llegando incluso a los medios nacionales por negarse al aislamiento obligatorio en hoteles capitalinos tras regresar de Estados Unidos, hecho que motivo un recordado operativo policial sobre la avenida 19 de Abril. Meses más tarde tendría un duro cruce con el gobernador por la implementación de la aplicación SIMMOV para registrar el DNI de los ciudadanos tratando de prevenir la circulación de pacientes diagnosticados con Covid-19 por la vía pública cuando debían estar haciendo cuarentena.
ARCHIVO JAM 17/12/2015 “Habló el Superior Tribunal de Justicia: Amigos eran los de antes”
Consumada la ampliación del Superior Tribunal de Justicia y la inminente asunción de jueces cercanos al oficialismo, los cuatro apellidos arriba mencionados enviaron una nota a Gerardo Morales expresando su preocupación ante un posible conflicto de intereses causa del “amiguismo o el compromiso político”, sugiriendo impugnaciones y audiencias públicas.
Federico Francisco Otaola (Presidente)
Abogado sampedreño e histórico en las filas del radicalismo. Fue elegido diputado provincial en las elecciones de 1983, aspiró al cargo de vicegobernador como compañero de fórmula de Próspero Nieva en 1987 (Alianza Convergencia) y Mario Fiad en 2011 (UDESO). Su ingreso al máximo tribunal se concreta en diciembre de 2015, una vez sancionada la Ley Nº 5878/15 modificando y ampliando la cantidad de jueces miembros. Desde el 01/01/2021 obra como presidente del STJ, cargo ratificado para el corriente período.
Sergio Marcelo Jenefes (Sala I - Civil, Comercial y Familia - Vocalía 1)
El hermano del ex vicegobernador Guillermo Jenefes, ingresó de manera controversial al STJ a principios de 2008, su pliego fue propuesto sobre tiempo límite por el entonces gobernador Walter Barrionuevo (quien había asumido dos semanas antes), hecho que habría permitido omitir algunos pasos protocolares como la típica entrevista con los legisladores integrantes de la comisión de Asuntos Institucionales. La designación causó enorme disgusto entre organizaciones de derechos humanos que no vieron con buenos ojos su incorporación teniendo en cuenta que ocupó dos cargos jerárquicos durante el Proceso de Reorganización Nacional, objeciones que Pablo Baca sacó a relucir en el recinto antes de la aprobación. Fue designado presidente del Tribunal en 2020 y desde hace dos años ostenta el cargo de suplente de Otaola.
Laura Nilda Lamas González (Sala II - Penal - Vocalía 4)
Probablemente la integrante de más bajo perfil y antecedentes desconocidos. Puede constatarse su actividad independiente por fuera de los ámbitos políticos.
Aunque lógicamente no fue la única jueza involucrada en ratificar fallos contra la dirigente social Milagro Sala, los seguidores de la líder tupaquera vieron en Lamas una suerte de animosidad en el tratamiento de los pedidos de libertad.
No obstante tras la feria judicial veraniega de 2021 la abogada Claudia González, actual presidenta de la Asociación de Abogados, advirtió que podrían pedir juicio político contra Lamas por “haber adulterado el sistema informático jurídico para direccionar la adjudicación de las causas”.
Ekel Meyer (Sala IV - Laboral - Vocalía 8)
Ingresó al Superior Tribunal a fines de 2020 tras la controversial salida de Pablo Baca dejando su rol como titular del Ministerio de Seguridad, cargo que desempeñó durante cinco años completos. Hombre de suma confianza de Gerardo Morales habiendo militado desde temprana edad, al tiempo que escalaba desde humildes cargos municipales, hasta ser electo concejal en San Salvador por dos períodos consecutivos 2001-2005 y 2005-2009, llegando a coordinar el Gabinete del intendente Jorge y finalmente reluciendo sus posgrados en protección ciudadana al frente de la mencionada cartera provincial.
Su designación fue objetada e impugnada por sus colegas entendiendo que “no cumplía con los valores democráticos, no prioriza la defensa de los derechos humanos, no cuenta con pergaminos y experiencia comprobable como jurista”.