De esta manera el organismo internacional viene dialogando con diversas comunidades que residen en La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca y en estos momentos se encuentran en la capital jujeña. En días posteriores se reunirán con autoridades nacionales y de la provincia, así también con organizaciones de la sociedad civil.
En un material audiovisual al que pudo acceder nuestro medio se puede observar a una referente del organismo de DDHH expresar ante las comunidades originarias que el objetivo de dicha visita es contar con un informe por detenciones ilegales y vulneración de derechos a los que los originarios se vieron sometidos.
Por consiguiente prevén hacer llegar algunas recomendaciones a las diferentes autoridades tanto provincias como nacionales.
La representante de dicho organismo continuó diciendo que hay un descontento generalizado por la forma en que ha actuado el Estado con la reforma a la carta magna jujeña, "donde se desconocen los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas".
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"Por eso nos hemos reunido durante estos días con diversas comunidades para poder escucharlos y documentarlos. En días posteriores nos reuniremos con autoridades nacionales y de la provincia", reiteró.
Por la represión, Derechos Humanos continúa dialogando con comunidades
¿Qué pasó con las detenciones?
El conflicto generalizado que transita la provincia luego de la aprobación y jura de la reforma constitucional sumó varios graves capítulos, uno de ellos son las detenciones arbitrarias. Nuestro medio conoció varios casos de arrestos y multas ilegales.
Uno de los polémicos casos fue el de Alberto Nallar, abogado que representa a comunidades aborígenes de Caspalá y de otras localidades jujeñas, fue detenido el 13 de julio y le dictaron prisión domiciliaria por 20 días. Luego la Justicia jujeña extendió por diez días más la prisión preventiva del abogado. No obstante, el pasado 12 de agosto expiró la primera prórroga impuesta a la detención. Fue liberado el 18 de este mes.
El dirigente social Leonardo Rosales, referente del Movimiento de Rebelión Popular, fue sentenciado por la justicia a pagar $2.600.000. Gonzalo Maurín, integrante de la organización "Nuestra América" recibió una contravencional millonaria por "alterar el orden público".
En Humahuaca, docente protestó contra la reforma y la imputaron
En Tilcara, otra docente sancionada por protestar denuncia persecución judicial
Dirigente social recibió una multa de $2 millones por protestar
Dirigente que no estaba en Jujuy fue multado por los ataques a la Legislatura
