Distintos organismos de Derechos Humanos conjuntamente con comunidades originarias habían presentado acciones legales contra la nueva Constitución impulsada por el ex gobernador Gerardo Morales llegando a la instancia de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el órgano judicial nacional dijo ser ajeno en dicha competencia y volvió a remitir a la provincia los planteos.