Jujuy |

"Nos escondieron cuando llegaron los auditores": el testimonio interno que expone la maniobra en Cannava

Revelaciones exclusivas de una trabajadora del predio en Finca El Pongo sacan a la luz graves irregularidades en la empresa estatal de cannabis: durante los controles de inspectores externos, los empleados habrían sido obligados a ocultarse para simular un funcionamiento normal. Ante estas denuncias, Cristina Guzmán cruzó la gestión de los recursos públicos al advertir que el reciente cambio de figura jurídica de la firma busca borrar la trazabilidad de más de 100 millones de dólares y ocultar el estancamiento de la producción medicinal.

El testimonio de una ex trabajadora del predio que Cannava posee en Finca El Pongo desnudó la brecha abismal entre los informes oficiales y la dinámica cotidiana de la planta estatal. Según el relato minucioso de la operaria, que dimos a conocer en Sobremesa, los controles externos carecen de validez técnica al haber sido manipulados por la propia conducción: "Nos escondieron cuando llegaron los auditores (...) no nos vieron trabajar, nos tenían escondidos hasta que se fueron y recién salimos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo". La trabajadora aseguró que la comitiva de control fue guiada de forma restringida únicamente por los invernaderos 10 y 11, evitando que observaran el estado real del resto de las instalaciones.

La denuncia no solo expone maniobras para engañar a las auditorías, sino también un severo freno productivo e infraestructura en decadencia. La operaria remarcó que la elaboración de aceite de cannabis medicinal lleva cerca de dos años paralizada, limitándose las actividades al cuidado de plantas que recurrentemente sufren plagas: "Solamente están sacando cogollo que sale mucho con hongo; en enero tiraron casi 900 kilos". A esto se suma el mal estado de los sectores 12 al 14, donde "las puertas no se pueden ni cerrar, los ventiladores no funcionan y las malezas rompen las lonas del piso", así como el uso de bombas conectadas a la red pública de agua potable para el riego, desabasteciendo a las familias rurales de la zona.

"Un borrón y cuenta nueva": Cristina Guzmán exige saber el destino de 100 millones de dólares

Frente al testimonio de la trabajadora, la abogada y referente del Movimiento Popular Jujeño (MPJ), Cristina Guzmán, afirmó que estos hechos ratifican las advertencias planteadas sobre la viabilidad del emprendimiento estatal. La dirigente enfatizó la gravedad de la reciente resolución publicada en el Boletín Oficial, que decreta el cambio de estatus jurídico de Cannava para convertirla de Sociedad del Estado (S.E.) a una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). Para Guzmán, esta maniobra responde a un intento deliberado por archivar responsabilidades administrativas y penales sobre las decisiones del directorio entrante y saliente.

"Cambia de estatus jurídico a una sociedad anónima unipersonal. ¿Por qué le cambian el estatus? Cortamos y es otra sociedad. ¿Quién me da la trazabilidad sobre lo anterior?", cuestionó Guzmán al analizar la medida. La letrada contrapuso la multimillonaria inyección presupuestaria con el impacto real en la sociedad jujeña: "Estamos hablando de más de 100 millones de dólares asignados por boletines oficiales con los que se podrían haber construido más de 4.000 viviendas. Un gobierno, en lugar de priorizar techos para las familias, le da todo a la marihuanera, y encima con semejante inversión no se cumple el fin medicinal para el cual fue creada".

Asimismo, Guzmán alertó sobre la vulnerabilidad institucional en las plantaciones complementarias situadas en Finca El Remate (Palpalá), donde denunció la falta de controles federales de Gendarmería Nacional y la presencia de un solo efectivo policial para custodiar el predio. Finalmente, desestimó las embestidas del oficialismo sobre la denominación del Aeropuerto Internacional Horacio Guzmán, calificándolas como "una maniobra baja y tonta para desviar la atención" de los graves cuestionamientos que pesan sobre el manejo de la caja pública en Cannava.

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