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La urgente necesidad de una ley de coparticipación en Jujuy

En Jujuy, la ausencia de una ley de coparticipación ha sido una característica persistente y problemática que ha condicionado el desarrollo equitativo de nuestra provincia. Esta carencia no es una mera omisión legislativa, sino una decisión política deliberada para centralizar el poder y disciplinar a los intendentes mediante la distribución discrecional de los recursos públicos

En Jujuy, la ausencia de una ley de coparticipación ha sido una característica persistente y problemática que ha condicionado el desarrollo equitativo de nuestra provincia. Esta carencia no es una mera omisión legislativa, sino una decisión política deliberada para centralizar el poder y disciplinar a los intendentes mediante la distribución discrecional de los recursos públicos. Es hora de que Jujuy avance hacia una ley de coparticipación que garantice una distribución justa y transparente de los fondos, rompiendo con este esquema de control y promoviendo un verdadero desarrollo territorial.

La implementación de una ley de coparticipación en Jujuy es esencial para asegurar la equidad fiscal entre nuestros municipios y comunas. Actualmente, el poder político central tiene el monopolio de los recursos públicos, lo que permite una distribución con discrecionalidad política.

Esto no solo perpetúa desigualdades, sino que también socava la autonomía de los gobiernos locales. Una ley de coparticipación permitiría una asignación más justa y basada en criterios objetivos como la población, las necesidades básicas insatisfechas y la capacidad fiscal de cada municipio.

Una ley de coparticipación establecería un marco claro y transparente para la distribución de los fondos, aumentando la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Este marco legal evitaría que la asignación de fondos dependa de afinidades políticas y garantizaría que todas las regiones, especialmente las más desfavorecidas, reciban lo que les corresponde. La transparencia en la distribución de los recursos es fundamental para construir una provincia más justa y equitativa.

Aspectos a tener en cuenta para una buena ley

Para asegurar que la nueva ley de coparticipación sea eficaz y justa, se deben considerar los siguientes aspectos:

  • Criterios de Distribución:
    • Población: Considerar la cantidad de habitantes en cada municipio.
    • Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): Incluir criterios que reflejen el nivel de pobreza y las necesidades sociales.
    • Capacidad Fiscal: Evaluar la capacidad de recaudación de cada municipio.
  • Flexibilidad y Actualización:
    • La ley debe ser flexible para adaptarse a cambios económicos y demográficos.
    • Establecer mecanismos para la revisión y actualización periódica de los criterios de distribución.
  • Participación y consenso:
    • Involucrar a representantes de todos los municipios y comunas en el proceso de elaboración para asegurar que todas las voces sean escuchadas.
    • Buscar consenso entre los distintos actores políticos y económicos.
  • Transparencia y rendición de cuentas:
    • Implementar sistemas de monitoreo y auditoría para asegurar el uso adecuado de los fondos.
    • Publicar informes regulares sobre la distribución y el uso de los recursos.
  • Desarrollo sostenible:
    • Incorporar criterios que promuevan el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.
    • Asegurar que los fondos se utilicen en proyectos que beneficien a largo plazo a la comunidad.
  • Equidad territorial:
    • Asegurar que los municipios más pequeños y con menores recursos reciban una porción justa de los fondos.
    • Promover el desarrollo de infraestructura básica en todas las áreas de la provincia.
  • Capacitación y fortalecimiento institucional:
    • Proveer capacitación a los funcionarios municipales sobre la gestión de los recursos y la planificación de proyectos.
    • Fortalecer las instituciones locales para mejorar la eficiencia en el uso de los fondos.

Profesionales que deben intervenir

La elaboración de una ley de coparticipación requiere la colaboración de profesionales de diversas áreas para asegurar que todos los aspectos sean considerados y que la ley sea justa y eficaz. Algunos de los profesionales clave que deben participar incluyen:

  • Economistas:
    • Especialistas en finanzas públicas: Para analizar y proyectar los ingresos fiscales y su distribución.
    • Economistas regionales: Para entender las dinámicas económicas de cada región y proponer criterios de distribución adecuados.
  • Abogados y juristas:
    • Especialistas en derecho constitucional: Para asegurar que la ley cumpla con los requisitos constitucionales.
    • Expertos en derecho administrativo: Para elaborar el marco legal y administrativo de la ley.
    • Abogados especializados en legislación fiscal: Para asesorar sobre las implicancias legales de los impuestos y su distribución.
  • Estadísticos y demógrafos:
    • Estadísticos: Para analizar datos económicos y sociales que informarán la distribución de los recursos.
    • Demógrafos: Para aportar datos sobre población y migración que pueden influir en la distribución de fondos.
  • Científicos Sociales:
    • Sociólogos y Antropólogos: Para entender los impactos sociales y culturales de la distribución de recursos en distintas regiones.
    • Politólogos: Para analizar las implicaciones políticas y ayudar a construir consenso entre las distintas partes.
  • Contadores y Auditores:
    • Contadores Públicos: Para supervisar la contabilidad y asegurar la transparencia en la distribución y el uso de los fondos.
    • Auditores: Para realizar auditorías y garantizar el cumplimiento de la ley.
  • Expertos en Políticas Públicas:
    • Para diseñar políticas y estrategias que aseguren que la distribución de recursos contribuya al desarrollo equitativo.
  • Geógrafos y Urbanistas:
    • Geógrafos: Para entender las características geográficas y cómo influyen en las necesidades de cada región.
    • Urbanistas: Para planificar el desarrollo urbano y rural y asegurar que los fondos se utilicen de manera eficiente.
  • Especialistas en Desarrollo Sostenible:
    • Para asegurar que la distribución de recursos tenga en cuenta el impacto ambiental y promueva prácticas sostenibles.

La urgencia de contar con una ley de coparticipación en Jujuy no puede ser subestimada. Es una herramienta esencial para descentralizar el poder, garantizar una distribución equitativa de los recursos y promover un desarrollo justo y sostenible en toda la provincia. La centralización de los fondos como mecanismo de control político debe ser cosa del pasado. Es hora de avanzar hacia un futuro donde la transparencia, la equidad y la justicia sean los pilares de nuestra administración pública. Jujuy y sus habitantes merecen nada menos.

Es imperativo que avancemos hacia la sanción de una ley de coparticipación que distribuya los recursos con justicia y transparencia, siguiendo criterios objetivos como la población, las necesidades básicas insatisfechas y la capacidad fiscal de cada municipio. Además, la ley debe ser flexible para adaptarse a los cambios económicos y demográficos, estableciendo mecanismos para su revisión y actualización periódica.

La participación de todos los municipios y comunas en el proceso de elaboración es esencial para asegurar que todas las voces sean escuchadas y que la ley refleje las realidades y necesidades de cada región. Solo a través del consenso entre los distintos actores políticos y económicos podremos lograr una ley legítima y efectiva.

Asimismo, es crucial implementar sistemas de monitoreo y auditoría para asegurar el uso adecuado de los fondos y publicar informes regulares sobre la distribución y el uso de los recursos. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para construir una provincia más justa y equitativa.

El desarrollo sostenible debe ser otro de los pilares de esta nueva ley. Es necesario incorporar criterios que promuevan prácticas sostenibles y aseguren que los fondos se utilicen en proyectos que beneficien a largo plazo a nuestras comunidades. Además, la ley debe garantizar que los municipios más pequeños y con menores recursos reciban una porción justa de los fondos, promoviendo el desarrollo de infraestructura básica en todas las áreas de la provincia.

Finalmente, la capacitación de los funcionarios municipales y el fortalecimiento de las instituciones locales son esenciales para asegurar la gestión eficiente de los recursos y la planificación adecuada de los proyectos. Esto permitirá que los fondos se utilicen de manera efectiva y que los proyectos realmente respondan a las necesidades de la población.

La elaboración de esta ley requiere la colaboración de profesionales de diversas áreas, incluyendo economistas, abogados, estadísticos, científicos sociales, contadores, auditores, expertos en políticas públicas, geógrafos, urbanistas, funcionarios públicos y especialistas en desarrollo sostenible. Solo a través de un enfoque interdisciplinario podremos asegurar que todos los aspectos sean considerados y que la ley sea justa y eficaz.

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