Coparticipación: entre la modalidad y la precarización

Esta situación no se limita a las localidades más pequeñas. La expectativa sobre el inminente tratamiento de la ley impositiva en la capital, San Salvador de Jujuy, sugiere que la necesidad de aumentar la recaudación es una tendencia generalizada. Los municipios, por ley, tienen limitadas fuentes de ingreso: tasas, derechos, servicios y, crucialmente, la coparticipación que reciben de la provincia. Cuando la principal fuente —la coparticipación— se vuelve insuficiente, errática o sujeta a la discrecionalidad política, el camino más rápido, aunque doloroso, es aumentar las tasas que afectan directamente al comercio y la industria.

Y aquí es donde la voz de los comerciantes y gastronómicos se vuelve fundamental. Hablamos de un sector que, en general, ya opera con márgenes ajustados y que ha sido históricamente vulnerable a las fluctuaciones económicas. Cuando las altas tasas municipales son percibidas como un factor que los "asfixia", estamos hablando de la amenaza real del cierre de fuentes de trabajo, de la informalidad o, peor aún, de la desaparición de emprendimientos. Es un círculo vicioso: si los comercios se funden, el municipio pierde esa base impositiva y la economía local se contrae, afectando la calidad de vida de todos los ciudadanos. Es inaudito que, en lugar de fomentar la inversión y el empleo con estabilidad fiscal, se los castigue con impuestos desmedidos.

El trasfondo de esta crisis, según el análisis, es profundamente político. Se apunta a que el sector del exgobernador morales estaría negándose a sancionar la ley, motivado por lo que se describe como una "lógica arcaica" de la política. Esta lógica consiste en disciplinar a los intendentes –especialmente a aquellos de signo político opositor o disidente– mediante el control de la billetera. Al no tener una ley clara y objetiva que garantice el flujo de fondos, los intendentes quedan en una posición de dependencia y debilidad frente al poder provincial central. La coparticipación, que debería ser un mecanismo de equidad y federalismo interno, se transforma en una herramienta de negociación y, peor aún, de castigo político. Esto es un freno al desarrollo de los pueblos. En pleno siglo XXI, en un contexto donde la transparencia y la descentralización son principios básicos de la buena gobernanza, sostener esta práctica es un "delirio". Es una muestra de que, a veces, la mezquindad política se antepone al bienestar de la gente. Urge la sanción de esta ley para dotar a los municipios de la autonomía financiera y la previsibilidad que necesitan para gobernar y planificar a largo plazo, y para quitarle al sector político central la tentación de usar los fondos públicos como una herramienta para tenerlos de rehenes.

La situación exige una respuesta urgente de la legislatura provincial, poniendo los intereses de los jujeños por encima de las disputas internas. El costo de esta demora lo está pagando el comerciante, el gastronómico y cada vecino de Jujuy.

¿Cómo funciona en provincias que sí tienen esa ley? El ejemplo paradigmático en la región central es córdoba.

En Córdoba, el sistema de coparticipación se rige por la ley provincial n° 8.663 desde 1998, y si bien todo sistema es perfectible, su característica fundamental es la automaticidad y la previsibilidad. Los municipios cordobeses saben, por ley, qué porcentaje de la recaudación provincial les corresponde y cómo se calcula. La masa coparticipable —que incluye impuestos a los ingresos brutos, inmobiliario, y la parte de la coparticipación federal de nación— se distribuye de manera automática a los municipios y comunas, con porcentajes fijos establecidos. Por ejemplo, la distribución primaria establece un 80% para la provincia y un 20% para los municipios y comunas. Luego, ese 20% se distribuye entre los gobiernos locales con criterios claros, principalmente basados en la población y en partes iguales para los municipios, asegurando así un componente redistributivo.

Este esquema automático es la gran diferencia. Al tener una transferencia de fondos regulada por ley, con índices claros y un flujo constante, los intendentes cordobeses gozan de una estabilidad financiera muy superior a sus pares en provincias sin esta herramienta. No tienen que estar mendigando o negociando políticamente el envío de cada peso, ni temiendo que la provincia retenga fondos como mecanismo de presión o disciplinamiento político.

¿Cuál es el impacto en la presión fiscal municipal, es decir, en las tasas que pagan los vecinos y comerciantes? la existencia de una coparticipación automática y previsible no elimina la necesidad de cobrar tasas locales, que son el pilar de la autonomía municipal para financiar servicios como la recolección de residuos, el alumbrado o el mantenimiento vial. Sin embargo, en un contexto de ingresos estables por coparticipación, los intendentes cordobeses tienen un margen de maniobra mucho más amplio para moderar los aumentos de las tasas propias. Pueden compensar costos entre sus ingresos propios (tasas) y los ingresos coparticipados. En lugar de aplicar subas exorbitantes, buscan una combinación equilibrada de recursos. Si la coparticipación viene creciendo en términos reales, como se observó en algunos períodos recientes en córdoba, la presión por aumentar las tasas se reduce.

El caso de córdoba demuestra que una ley de coparticipación provincial funciona como un dique de contención contra la necesidad de aumentos impositivos desmedidos a nivel local. Otorga transparencia y previsibilidad, lo que permite a los intendentes concentrarse en una gestión eficiente en lugar de una recaudación desesperada. La certeza de recibir el caudal de fondos por ley, y no por favor político, es la clave para que los municipios puedan tener tasas moderadas y evitar el asfixiante escenario de Palpalá o San Salvador de Jujuy, donde la única válvula de escape que le queda al municipio es golpear el bolsillo del vecino y el comercio. Es un modelo que prioriza la institucionalidad sobre la discrecionalidad.

En Córdoba se priorizó el federalismo en serio. Se priorizó al automaticidad y la previsibilidad y nadie lo hizo mediante especulaciones políticas todos los intendentes recibieron recursos por igual y lograron estabilidad financiera y avanzan con su planes de gobierno. Sin embargo, pese al éxito de algunas municipalidades el gobierno de Córdoba siguió ganando elecciones aun abriendo el juego no serrando el juego, condicionando o condicionando intendentes de acuerdo a su cara o color político. Esa es la cabeza anacrónica de Gerardo Morales responsable del atraso y del desarrollo de manera y desproporcionada de los municipios y comunas de Jujuy.

La lógica opera al revés ya que los tiempos han cambiado en el mundo moderno. La distribución de los recursos genera estabilidad y desarrollo. En cambio, la política del látigo y de la miseria solo nos hace marginales.