Comienzan a caer las contravenciones por disturbios en Jujuy

Luego de que una comunicadora que habló de los disturbios en Purmamarca en torno a la reforma parcial constitucional fuera absuelta de distintos cargos en su contra, se conoció que también los cargos contra el integrante de comunidades Mallku Machaca quedaron sin efecto.

Este referente se refirió a los mismos comentando que pasó “varios meses de padecer lo que sentimos como una acción discrecional a través de contravenciones que viene haciendo el gobierno desde que asumió su gestión con el Código Contravencional, que fue implementado para generar causas administrativas que no son judiciales, con jueces designados por el Poder Ejecutivo provincial a través del Ministerio de Seguridad. Crearon estas causas con bastante discrecionalidad, a muchas personas, colegas docentes, personas que no participaron de manifestaciones y les llegaron contravenciones. Hay personas de comunidades; muchos salieron, contrariamente a lo que dicen Gerardo Morales y sus funcionarios, de que estaba direccionado por un sector político. Fue el pueblo, una pueblada, manifestaciones de la gente común, de los propios vecinos de pueblos de Quebrada y Puna que salieron a manifestarse de distintas maneras. Todas las manifestaciones en Quebrada y Puna fueron sumamente pacíficas, aun así se armaron estas causas. Es horrible para una persona del campo tener que ir a la ciudad a cumplir con esta burocracia administrativa. Algunos fueron condenados”.

También sostuvo que lo acusaron “por una actividad de declaración de rechazo a la reforma constitucional a través del Concejo Deliberante. Lo que sucede es que también hubo una articulación entre punteros y el Ministerio de Seguridad para identificar, señalar personas. No podían señalarme, a mí ni a otras personas que participamos de esas instancias de gestión, porque lo hicimos a derecho, y siguiendo las pautas institucionales de obtener las declaratorias en distintos Concejos, me movilicé con muchos vecinos auto convocados en Tilcara para gestionar esa declaratoria. Pero como de allí no podían sacar absolutamente nada, porque todo era a derecho, inventaron supuestas pruebas, videos, y con eso te arman una contravención. Al estar tan flojo el procedimiento mismo, las pruebas son insuficientes, la causa cayó. Me absolvieron. Hay que remarcar lo endebles que son estos procedimientos, la precariedad que tienen. Hasta a los mismos abogados les llama mucho la atención y queda claro el nivel de discrecionalidad de la gran mayoría de estos procesos”.

Por otro lado se refirió a las multas de algunos procesos, indicando que “condenaron a una persona de la comunidad de Juella de apellido Soriano, agricultor, a pagar $13.000.000. Una multa impagable. Hay un dispositivo institucional que flagela, pone en tela de juicio las garantías constitucionales y la manifestación, el derecho a manifestarse de las personas. Eso me lleva a cuestionarme en qué medida el gobierno habla de paz social. La iglesia llamó a reflexionar, las mismas autoridades eclesiásticas. Hay heridas abiertas en torno al proceso de persecución que continúa con estos procesos imparciales, haciendo sentir el peso de la autoridad y el Estado a personas que no tienen cómo afrontar un juicio de $13.000.000, como un agricultor que vive de su pequeña producción. Los abogados y técnicos que conocen de leyes te hablan de lo arbitrario que parece todo esto”.

“A otras personas de la Quebrada les iniciaron dobles causas: por un lado lo contravencional, que viene por el Ministerio de Seguridad, y las sancionan con multas. Queda muy a criterio de estos jueces que son designados por el Poder Ejecutivo ver qué multa te ponen, algo muy arbitrario. Por otro lado te inician causas judiciales, como en el caso de Nallar o la causa por homicidio. Se presentaron pruebas que derribarían esa causa, pero de todas maneras las arman. Son procesos judiciales tremendos, de homicidio, sedición, un intento claro de disciplinamiento social. Hay un dispositivo armado. Esto baja la calidad de nuestra Democracia, que haya tanta discrecionalidad en los tres Poderes del Estado, que no haya dónde apelar. No se garantiza la defensa; que los abogados tengan que moverse encorsetados. Ellos dicen que es lo que hay en Jujuy y vivimos así. Esto no para. Hay que llamar la atención, es necesario difundir las acciones que se presentaron contra esta situación. Hay una situación política de por medio. La Multisectorial presentó una acción de inconstitucionalidad del Código y estamos esperando todos a ver qué pasa con la reforma. La lucha del tercer malón continúa”.

“El gobierno recibió un claro mensaje en las urnas. La salida tiene que ser política. Espero que los sectores de oposición provincial puedan garantizar respuestas políticas a esta situación, que estén a la altura de las circunstancias. Hubo un mensaje que les llegó, en las urnas, de rechazo a esa forma de proceder, al autoritarismo y la persecución”.

Protestas legales

Por otro lado, las abogadas locales Mariana Vargas y Alejandra Cejas opinaron sobre los distintos procesos contravencionales, criticando la forma en que se desarrollaron los mismos y afirmando que estuvieron orquestados desde el gobierno de la provincia.

Alejandra Cejas: “hay procesos contravencionales sobre todo de las primera tanda que son juicios millonarios las pruebas son las mismas para todos los expedientes son imágenes en video de multitudes donde no se distinguen los causantes la acusación es ridícula. No hay información del destino de los fondos de las contravenciones. Se persigue a ciudadanos que están en contra del gobierno. Son ilegales. Todos los procedimientos desde el 16 de junio son una seguidilla de situaciones ilegales gestadas por el gobierno afectando los derechos de la ciudadanía”.

Mariana Vargas: “se juzga dos veces; por la misma causa hay dos contravenciones, no podemos tener dos sanciones por la misma conducta. Esa es la ilegalidad y uno de los puntos de la acción de inconstitucionalidad que se presentó. No es solo que se juzga dos veces a la misma persona con la misma prueba, el problema es que la contravención es a quien manifiesta, y la manifestación en nuestro país es un derecho, una garantía constitucional”.

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