Jujuy | Caso Milagro Sala | ALBERTO FERNÁNDEZ

Cuál es el camino legal que debería seguir Alberto para liberar a Milagro Sala

Las recientes declaraciones del presidente electo Alberto Fernández sobre la detención de Milagro Sala, la cual considera "ilegal", reavivaron la polémica y los rumores sobre la posible liberación de la dirigente social. Con condenas en varios de los juicios que tuvo, ¿puede realmente ser excarcelada la líder de la Tupac Amaru?

  • Se reaviva la polémica ante la situación judicial de Milagro Sala.
  • El presidente electo Alberto Fernández señaló que la dirigente tupaquera está detenida ilegalmente.

En sus últimas declaraciones públicas, el presidente electo Alberto Fernández aseguró que Milagro Sala está detenida ilegalmente.

Nosotros tenemos un caso, el de una dirigente social, Milagro Sala, que apenas comenzó el gobierno de (Mauricio) Macri, el gobierno de Jujuy la detuvo. Milagro durante años me trató muy mal, francamente, tuvimos muchas diferencias políticas, pero no merece estar detenida, dijo Fernández, durante una entrevista con el ex presidente de Ecuador Rafael Correa. Nosotros tenemos un caso, el de una dirigente social, Milagro Sala, que apenas comenzó el gobierno de (Mauricio) Macri, el gobierno de Jujuy la detuvo. Milagro durante años me trató muy mal, francamente, tuvimos muchas diferencias políticas, pero no merece estar detenida.

Y planteó: "¿Qué voy a hacer yo?, ¿porque tiene diferencias conmigo voy a validar una detención ilegal? Eso no es vivir en un Estado de derecho".

Esta postura ya había sido deslizada por Fernández meses antes de las elecciones. Al respecto, el gobernador Gerardo Morales señalaba en ése momento que “Fernández quiere liberar a Milagro Sala”.

La situación de la dirigente social había vuelto al foco de conflicto tras las declaraciones del ex juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni, quién en una entrevista con Radio Con Vos recomendó la intervención del Poder Judicial de Jujuy para salvar de la cárcel a Sala.

Tras una reunión de Cambiemos, el jefe del bloque radical Mario Negri fue el primero en recoger el guante y exponer su postura públicamente cruzando a Zaffaroni. En tanto que Morales optó por el silencio ante las consultas sobre este tema.

Con todo este contexto, reaparece la pregunta: ¿Puede recuperar realmente su libertad Milagro Sala? ¿Qué debería suceder para ello?

Allí aparece una herramienta legal que podría ser empleada para este caso, la misma incluida en la propia Constitución Nacional argentina, que en su artículo 6 señala:

El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia.

Habilita este punto un accionar federal sobre una determinación provincial ya efectiva.

En el artículo 75 de la carta magna, asimismo, se establecen las facultades del Congreso de la Nación. Allí nuevamente se regula la intervención federal. En su inciso 31 reza, "Disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires. Aprobar o revocar la intervención decretada, durante su receso, por el Poder Ejecutivo".

Este implicaría la posibilidad de que el caso se convierta en una cuestión de estado a nivel nacional, con el consecuente desgaste de esa situación, en un contexto político económico complejo en extremo para Fernández, quien con sus declaraciones parece buscar identificación plena con el sector kircherista más duro de los votantes que lo llevaron a la presidencia.

Lo cierto es que, sobre Sala pesan actualmente cuatro condenas por causas diferentes:

  • Condenada a 13 años de cárcel por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión en la causa llamada "Pibes Villeros".
  • Condenada a 4 años de prisión por lesiones graves contra el dirigente social Lucas Arias.
  • Dos años de prisión efectiva por amenazas a policías.
  • Tres años de prisión por el caso conocido como “escrache a Morales”.

Toda esa actuación del poder judicial, sin embargo, sigue siendo motivo de objeciones en el plano político y también en ciertos sectores de la opinión pública, detalle que no debería pasar desapercibido para los jueces locales.

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