Causa Horizonte: damnificados denuncian una decisión arbitraria de desplazar a su abogada
El grupo de personas se congregó en las puertas del Juzgado de Control Penal Económico, para protestar por la determinación de excluir del caso a la letrada Silvana Llanes, quien los acompaña desde el inicio.
Damnificados del Caso Horizonte reclamaron en el Juzgado de Control Penal Económico.
Se mostraron sorprendidos por el desplazamiento de la causa de la abogada Silvana Llanes.
La letrada, indicaron, estuvo desde el primer momento involucrada en su situación.
Un grupo numeroso de personas damnificadas por la estafa inmobiliaria del grupo Horizonte se manifestó frente al Juzgado de Control Penal Económico, ubicado sobre calle La Madrid en San Salvador de Jujuy, para reclamar por una decisión judicial que generó profundo malestar entre los afectados: el desplazamiento de la abogada Silvana Llanes, quien los venía representando desde hace años en la causa.
Los vecinos aseguran que la medida fue tomada sin consulta previa, que responde a un planteo de un grupo minoritario y que vulnera el derecho de los damnificados a elegir libremente a su defensa, además de poner en riesgo los avances logrados en el expediente.
Un conflicto de años sin solución
El caso Horizonte se inició tras denuncias de cientos de familias jujeñas que compraron terrenos con promesas de servicios y escrituras que nunca se cumplieron. En muchos casos, los pagos comenzaron años atrás y los lotes jamás fueron entregados en condiciones o directamente no existían como tales.
Según estimaciones de los propios damnificados, entre 250 y 300 personas resultaron afectadas por la maniobra, considerada una de las estafas inmobiliarias más importantes de la provincia. Pese al tiempo transcurrido, los avances judiciales han sido lentos y fragmentados, lo que generó reiteradas movilizaciones y reclamos públicos.
Y en medio de todo este escenario, se produjo el desplazamiento de la abogada Silvana Llanes, lo que generó un lógico malestar entre los damnificados que decidieron expresar su descontento en el Juzgado.
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En diálogo con nuestro medio, Lidia Balcarce, una de las damnificadas, explicó que el pasado 5 de diciembre fueron notificados de una resolución judicial que apartó a la doctora Silvana Llanes de la causa, unificando la querella en un solo abogado, el doctor Barrientos. “Somos más de 250 damnificados y solo un grupo de 14 personas pidió ese cambio. Sin embargo, el juez tomó esa decisión sin consultarnos y sin escuchar a la mayoría”, afirmó Balcarce.
La vecina desmintió los argumentos utilizados para justificar la medida, entre ellos acusaciones de falta de información, pedidos de dinero o supuestas obstrucciones al proceso. “Eso es totalmente falso. La doctora siempre nos mantuvo informados, tanto en grupo como de manera individual”, sostuvo.
Además, remarcó que muchos damnificados ya habían tenido otros abogados anteriormente, sin que se registraran avances concretos, y que fue recién con la intervención de Yánez que la causa comenzó a moverse.
Por su parte, Carlos Martínez, otro de los afectados, calificó la resolución como “infundada y arbitraria” y cuestionó que el juez haya tomado en cuenta únicamente el planteo de una minoría. “Nunca nos citaron a la otra parte para escucharnos. Nos están imponiendo un abogado cuando la ley es clara: cada persona tiene derecho a elegir quién lo representa”, expresó.
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Martínez advirtió que el desplazamiento de la letrada podría generar nuevas demoras en una causa que ya lleva años sin resolverse. “Ella fue la única que se puso a la par de los vecinos desde el minuto cero. Apartarla ahora es un retroceso enorme”, señaló.
Presentaciones y posibles nuevas acciones
Los damnificados confirmaron que ya realizaron un acta formal ante el juzgado, dejando constancia de su desacuerdo con la resolución y solicitando la reincorporación de la doctora Yánez. No descartan avanzar por otras vías judiciales si la medida se mantiene.
“Esto es un avasallamiento de nuestros derechos. Vamos a seguir peleando porque lo único que queremos es justicia y recuperar lo que nos estafaron”, remarcaron.
El conflicto se desarrolla en el Juzgado de Control Penal Económico, a cargo del juez Rodolfo Fernández, cuya decisión generó sospechas y cuestionamientos por parte de los damnificados, quienes incluso mencionan posibles trasfondos personales o políticos.
Mientras tanto, las familias afectadas aseguran que continuarán movilizándose y realizando presentaciones hasta obtener una respuesta concreta, temiendo que esta nueva controversia termine dilatando aún más una causa que ya acumula años de espera.
