En diálogo con Radio 2, la abogada Patricia Tabera brindó algunos avances en relación a la causa contra el empresario de 48 años, imputado por ser presunto autor de varios hechos de abuso contra una niña.
La situación judicial del empresario Oded Edgardo Kindermann (48), quien se encuentra acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda, siete hechos en concurso real, podría complicarse aún más en las próximas semanas.
Así lo confirmó la abogada querellante, Patricia Tabera, tras una audiencia donde el juez de Control Martín Athayde Moncorvo hizo lugar a pedidos clave de la Fiscalía y la querella.
Tabera explicó en diálogo con Radio 2 que recientemente se amplió la prisión preventiva del imputado para producir nuevas pruebas orientadas a detectar si hay más víctimas o más partícipes en la causa. Una de esas medidas fue fuertemente cuestionada por la defensa técnica, que pidió que no se lleve adelante. “Una de las pruebas de vital importancia es justamente a la que se opuso la defensa técnica. Pero el juez resolvió que la prueba se va a hacer, están obligados a realizarla”, detalló la abogada.
La querella sostuvo que esas pruebas son clave para llegar al fondo del caso y ampliar la perspectiva sobre el delito que sufrió la menor representada. Por ese motivo celebraron la resolución judicial, asegurando que “tenemos pocas herramientas en este tipo de delitos que se dan en cuatro paredes. El juez lo dijo claramente: no se puede cercenar prueba”.
Otro de los pedidos de la defensa apuntó a que ninguna de las partes hable del caso en los medios de comunicación, argumentando que la cobertura mediática perjudicaría —según ellos— “el buen nombre y honor” del apellido Kindermann, a lo que Tabera fue tajante al rechazar esa solicitud: “Hablar en cuatro paredes aleja al servicio de justicia de la comunidad. Los medios cumplen un rol social: permiten que aparezcan nuevas víctimas que hoy pueden estar ocultas y atemorizadas”.
Destacó además que la cobertura realizada hasta el momento respetó la privacidad de la niña víctima, ningún medio expuso su identidad ni la de los menores testigos. “No se ha hablado nunca de la víctima, ni se ha expuesto a menores. Se ha hablado del imputado, del delito y de su mecánica, como corresponde”.
La abogada también cuestionó el argumento desde una perspectiva de género: pidió cuestionar la pretensión de decidir “dónde se litiga”, señalando la importancia de que las víctimas y testigos puedan expresarse en todos los ámbitos cuando el sistema de justicia tiene grietas.
El juez Moncorvo rechazó además el pedido de censura mediática: estableció que si algún medio incurre en una conducta abusiva será ese medio o persona individual la responsable —no se permitirá un “bozal legal” general a la prensa.
El proceso continúa con la producción de las nuevas medidas de prueba en los próximos 30 días, período durante el cual la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) debe avanzar con los peritajes ordenados. En poco tiempo podría definirse si la causa avanza a juicio.
“Estamos acelerando todo lo posible. La familia necesita un cierre para poder empezar a curarse psicoemocionalmente”, afirmó la abogada, quien valoró además la predisposición del Ministerio Público de la Acusación, ya que dijo que "hemos tenido muy buena respuesta del MPA. Todo lo que solicitamos se concedió con celeridad. Los únicos obstáculos son los de la defensa, que es lo esperable”, indicando que "todos queremos que haya juicio y condena. Que se haga justicia por lo que sufrió esta niña”.
