“Esta decisión pone en alerta al sistema universitario en su conjunto ya que desconoce las competencias asignadas por la constitución provincial al Congreso local como único órgano competente para aprobar una eventual ley de expropiación”, dicen las universidades nacionales.
Estas expresiones de Morales fueron tomadas como una franca amenaza no solo a la institución, sino también a los trabajadores docentes y no docentes, muchos de ellos pertenecientes a pueblos originarios, a quienes Morales dijo tener “individualizados”.
El documento en cuestión también hace mención a la abrupta irrupción de la Policía de Jujuy en el rectorado de la UNJu mientras se llevaba adelante la reunión habitual del Consejo Superior.
Dice la CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) que este hecho constituye una violación a la autonomía universitaria y a la Ley de Educación Superior N°24.521 la cual dispone en su artículo 31, la prohibición expresa del ingreso, con excepción de autorización judicial o solicitud de autoridad, la cual no existía en el momento de su ingreso ya que el mismo fue de forma violenta y sin razón alguna.
“Por los hechos ocurridos en la provincia de Jujuy los rectores de las universidades públicas argentinas reafirman el compromiso con la educación pública y las universidades argentinas”, afirma el documento el documento del Consejo.
