La situación se registró en Purmamarca, con una familia de la Comunidad CIPAQUI recibió la notificación de desalojo de la Fiscalía, situación que le generó temor e incertidumbre. Ellos manifestaron tener la documentación de las tierras en disputa.
Con el temor latente, decidieron llegar hasta la capital jujeña para manifestarse en Casa de Gobierno.
El conflicto tuvo unos de meses de calma hasta que promediando este mes de abril de 2026, familias de la comunidad de CIPAQUI recibieron nuevas intimaciones de desalojo. Les dieron un plazo de 15 días para dejar las tierras.
Gustavo Ontiveros, antropólogo e integrante de la Asamblea de Comunidades Indígenas Libres de Jujuy, dialogó con Radio 2 sobre esta preocupante situación. Dijo que las notificaciones son arbitrarias porque no especifican la razón legal o la norma bajo la cual se ordena el desalojo.
Enfatizó en que el funcionario actuante no consultó a la Secretaría de Pueblos Indígenas, que debería intervenir al estar en trámite la titulación comunitaria de esas tierras.
El referente comunero hizo mención a un proyecto de ley, enviado por el gobernador Carlos Sadir, busca adherir a una ley nacional que permite al Poder Ejecutivo tomar inmuebles sin juicio previo, lo cual se interpreta como un avance sobre la propiedad privada de todos los jujeños, no solo de las comunidades indígenas.
Expresó gran malestar por ser llamados “usurpadores” en tierras donde han vivido sus familias por generaciones, y expuso temor que se use esta ley para despojar a ciudadanos sin escrituras.
Ante lo ocurrido, la comunidad realizará una protesta el próximo viernes, a las 10:00, en Plaza Belgrano para oponerse a estas intimaciones y a un peligroso proyecto de ley provincial.
