Ya sea en la periferia de los diques, terrenos de la Quiaca Vieja o sacros espacios públicos de Caspalá, cuando el gobernador Gerardo Morales trae un emprendimiento entre manos, poco importa quienes lo ocupan, una vez posados los ojos sobre la tierra en cuestión, procederá a la expropiación, habitualmente avalada por sus socios en la Legislatura.
Diputado advierte: "Morales se va a ir sin rendir cuentas o hacerse cargo de las deudas"
Emanuel Martín Palmieri analizó las distintas avanzadas del gobierno jujeño sobre propiedades privadas o comunitarias en Sobremesa (Canal 2). "Esta gestión se caracterizado por la falta de información", afirmó sobre la transparencia de sus actos.
El ejemplo destacado de 2023 rodea la reforma constitucional. Para buena parte de la opinión pública se trata de un intento por apropiarse del agua, tierra y recursos minerales que posee la geografía especialmente puneña, aún si esto implica un perjuicio para la calidad de vida de los residentes.
“Me preocupo al igual que mucha gente cuando este gobierno da una puntada, el tema de la tierra últimamente fue motivo de polémicas, produciendo levantamientos que no son casuales ni motivados por intereses políticos”, explicó el diputado justicialista Emanuel Martín Palmieri.
A modo de ejemplo, el legislador provincial recordó como el gobierno planificó avanzar sobre terrenos tilcareños en el afán de ampliar la accesibilidad al pueblo, incluyendo entre las obras un puente del que se requería una hectárea y media, pero terminaron echando mano a cinco hectáreas, resto del que no se sabe a ciencia cierta su destino final.
Palmieri sostiene que los funcionarios jujeños tienen particular interés sobre la tierra, sin reparar en el beneficio ciudadano y con tal de cumplir su cometido omiten la presentación de información esencial. Esta metodología se mantendría hasta el último día de Morales en el cargo, de hecho con la sanción de la reforma constitucional, el mandatario se libró en gran medida de los compromisos que debería encarar con los entes de contralor.
Proceso que el oficialismo ha venido desarrollando desde hace años, por ejemplo con los cambios constantes en las vocalías que componen el difunto Tribunal de Cuentas o la seguidilla de juicios políticos que pesaron sobre ex integrantes del Superior Tribunal de Justicia, incluso la modesta actuación de la Oficina Anticorrupción administrada por militantes radicales, entre otros. Un intento evidente de limpiar el legajo antes de emprender la retirada.