Las tarifas de servicios públicos aumentan de manera inversamente proporcional a la calidad de los servicios prestados, una controversial tendencia que convive con los residentes de Jujuy, aún cuando se trata de instrumentos esenciales como el transporte urbano.
Abogadas calificaron a los funcionarios municipales como "pésimos administradores"
Debido a las medidas de fuerza adoptadas por los choferes, miles de usuarios fueron perjudicados durante gran parte del miércoles. Para Alicia Chalabe y Claudia González, las autoridades del gobierno local no hacen valer los derechos de sus ciudadanos.
Esta semana impacto una nueva suba del boleto y tan solo dos días después de la actualización, los pasajeros se vieron impedidos de hacer uso normal del mismo servicio. La abstención de tareas definida por la Unión Tranviarios Automotor (motivada ante la falta de cobro por parte de los choferes) implica un evento traumático para toda aquella persona que depende de los colectivos para su movilidad ¿Y quién vela por los usuarios?
“El Estado municipal es el responsable de que los colectivos no funcionen, si fuera una cuestión interjurisdiccional sería la provincia. Decenas de miles de personas quedaron sin servicio, una enorme cantidad de damnificados del que nadie se hace cargo, cuando es el concedente quien lo tiene que garantizar, porque no estamos sujetos a la decisión del gremio ni del empresariado”, explicó en Sobremesa (Canal 2) la titular de CODELCO Alicia Chalabe.
La abogada Claudia González, quien también participó de la entrevista, incluso recordó que en los pliegos de concesión está considerado que la municipalidad pueda disponer personal propio y hacer uso de las unidades de transporte con el fin de garantizar el funcionamiento. Aunque No hay registro de que la autoridad haya tomado tal atribución o vaya a hacerlo en el futuro cercano.
Con respecto a los aumentos aplicados sobre la tarifa, con aval del Ejecutivo municipal, aunque haciéndolo extensivo al resto de los servicios esenciales, ambas letradas consideran injusta la actualización de costos, por cuanto no se contempla al salario percibido como parte de la ecuación que determina el valor a pagar.
“Desde las asociaciones de usuarios venimos hace más de 20 años hablando que entre las consideraciones que se deben tener para actualizar una tarifa se encuentra la evolución salarial… Los usuarios tenemos el derecho a pagar lo justo, más en el caso de servicios públicos”, explica González mientras profundiza sobre la controversial tabla polinómica utilizada para determinar el porcentaje de variación de los eventuales aumentos.
“Se tienen en cuenta el desgaste de las unidades, inflación, pago de los empleados, pero hay conceptos fundamentales que son omitidos. Ni siquiera con la implementación del sistema SUBE fue blanqueada la cantidad la cantidad de pasajeros transportados, nunca se pone el aumento promedio de los sueldos”, amplió la referente de PROCONSUMER Jujuy, haciendo extensivo el concepto a cualquier otro servicio esencial.