El presidente de la organización vecinal, Oscar Rodríguez, adelantó que junto a equipos técnicos auditarán el desglose tributario de las facturas domiciliarias para determinar el destino de los fondos recaudados por la provincia y el municipio.
Amenaza de acciones judiciales
El dirigente barrial señaló que, pese al esfuerzo de las familias de bajos recursos por mantener los pagos al día, en las facturas de energía eléctrica, agua potable y gas de red se detectaron recargos que oscilan entre $4.000 y $6.000 por usuario:
- Investigación tributaria: Profesionales contables del sector analizarán los porcentajes exactos de las tasas aplicadas por la Municipalidad capitalina y el Gobierno Provincial.
- Respuesta judicial: De confirmarse irregularidades en el cobro de conceptos ajenos a la prestación básica, la comisión presentará una denuncia penal contra los organismos responsables y elevará reclamos ante la SUSEPU y la empresa EJESA.
- Rol de los legisladores: Se cuestionó la falta de control por parte de los concejales capitalinos frente a los incrementos y la falta de presencia territorial en el distrito.
"Hay recargos que van de $4.000 a $6.000 por boleta que terminan repartiéndose entre la Municipalidad y el Gobierno. Vamos a consultar con contadores y si corresponde iniciaremos la denuncia penal; no se puede vivir a costa del pueblo", enfatizó Rodríguez.
Rechazo a la suba del boleto y críticas a las empresas de transporte
Respecto a la reciente actualización de la tarifa del transporte urbano de pasajeros, Rodríguez calificó de "injustificado" el incremento, argumentando que las empresas prestadoras como El Urbano y Santa Ana no garantizan frecuencias ni unidades en condiciones para conectar Alto Comedero con el centro de la ciudad.
Vuelve el pedido de municipalización
Desde la conducción del movimiento barrial reafirmaron que la solución de fondo para el distrito, que ya supera los 130.000 residentes, radica en concretar la municipalización de Alto Comedero. La propuesta plantea crear una comuna bajo un esquema de gobierno digital y transparente, donde los ciudadanos puedan auditar en tiempo real a través de plataformas web los sueldos de la planta política, los procesos de licitación pública y la ejecución presupuestaria.
Rodríguez anticipó que ingresarán notas formales ante el Concejo Deliberante, la Intendencia y la Legislatura para exigir el tratamiento de la norma que dicte la autonomía municipal del sector.
