El caso, que se originó a partir de la imposición compulsiva para construir una escuela sobre la cancha del pueblo y terrenos sagrados para la comunidad originaria —sin la correspondiente consulta previa, libre e informada—, derivó no solo en un violento conflicto territorial, sino también en un escándalo por el manejo de los recursos económicos públicos.
En diálogo exclusivo, la titular del Juzgado Federal N° 2, la jueza Carina Gregoraschuk, confirmó que la investigación sobre el terreno y la acusación formal ya fueron concluidas por el Ministerio Público Fiscal: "Con el tema de las imputaciones, la causa ya tiene requisitoria fiscal, el Ministerio Público Fiscal ya acusó a determinados funcionarios del Ejecutivo provincial".
La maniobra defensiva y la traba en la Corte
Sin embargo, el avance hacia el Juicio Oral y Público se encuentra paralizado debido a un recurso presentado por los abogados defensores, quienes intentan quitarle la causa a la Justicia Federal planteando una supuesta incompetencia.
Ante esto, la jueza Gregoraschuk fue contundente respecto al sólido respaldo que tiene la jurisdicción federal para juzgar el hecho: "Yo rechacé la incompetencia y sostuve que la competencia es federal por tratarse de un convenio con fondos nacionales. La Cámara de Apelaciones de Salta lo confirmó, la Cámara de Casación también y el Procurador General de la Nación ya sacó su dictamen sosteniendo la competencia federal en estas actuaciones", remarcó la magistrada.
Pese a tener tres instancias judiciales superiores y al máximo representante de los fiscales nacionales a favor de la competencia federal, el expediente duerme en los despachos del máximo tribunal del país: "Solo resta que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lleva más de un año sin expedirse", detalló la jueza.
Camino al banquillo de los acusados
Respecto a la situación cautelar de los exfuncionarios involucrados, la magistrada indicó que mantienen medidas leves atadas al proceso debido a que poseen arraigo en la provincia y no representan riesgo de fuga.
Una vez que la Corte ratifique lo que ya dictaminaron todas las instancias previas, la causa pasará a un juez camarista para resolver los planteos de prueba de las partes y, de forma inmediata, se fijará la fecha para el Juicio Oral y Público ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy (TOF).
Allí no solo se ventilará la responsabilidad de los funcionarios que ejecutaron el despojo territorial a la comunidad de Caspalá, sino que además se buscará responder la gran incógnita que atraviesa a la provincia: qué pasó con los fondos millonarios enviados por la Nación para una escuela que nunca se construyó.
