El trasfondo histórico gira en torno del legado de Plinio Zabala, un filántropo que destinó las utilidades de la finca El Pongo al bienestar de los sectores más pobres de Perico, canalizando esos recursos a través del Hospital Arturo Zabala.
Cannava, la reforma constitucional y el blindaje político: fuertes acusaciones desde LLA
En una entrevista en Sobremesa, el diputado electo de La Libertad Avanza, Kevin Ballesty, cuestionó duramente la administración de CANNAVA S.E., la empresa estatal jujeña dedicada al cannabis medicinal. El legislador advirtió que, desde su creación en 2018, no existe un control contable real de los fondos millonarios que recibió, debido a la disolución del Tribunal de Cuentas en la reforma constitucional de 2023.
Según explicó Ballesty, el punto de inflexión se produjo en 1984, cuando los herederos del filántropo renunciaron al usufructo y la sucesión transfirió el dominio total de la finca a la Provincia de Jujuy.
Ese movimiento, afirmó el conductor, fue “el momento exacto en el que comenzó el latrocinio”, ya que:
- El municipio de Perico, que debía ser el administrador natural del legado, quedó excluido.
- El Hospital Zabala dejó de recibir los fondos del testamento.
- La finca se transformó en una propiedad fiscal susceptible de ser utilizada para fines políticos o económicos ajenos al espíritu original del legado.
Ballesty: “CANNAVA deja más dudas que certezas”
Ballesty planteó que CANNAVA nació bajo el argumento de impulsar una política pública de salud, pero que en los hechos no existe evidencia de que haya cumplido ese objetivo.
“Ni la OMS ni el Ministerio de Salud consideran al cannabis medicinal como tratamiento preventivo de las principales enfermedades del país. Esto nunca fue una prioridad sanitaria”.
Fondos millonarios sin control
El legislador enumeró los ingresos extracontables que recibió CANNAVA:
- 2019: $500 millones
- 2021:USD 21 millones
- 2022: $500 millones
- 2023: USD 3 millones de aporte de capital
Sin embargo:
- Ninguno de esos ejercicios puede ser auditado hoy, porque el Tribunal de Cuentas, que debía controlarlos, ya no existe.
- No se creó un organismo residual, por lo que esos expedientes quedaron “en la nada”.
- La Auditoría General de la Provincia no tiene control preventivo ni publica un plan anual de auditoría.
- La Legislatura nunca conformó la Comisión de Control, requisito para revisar observaciones.
“Todo está montado para que ninguna empresa del Estado rinda cuentas”, afirmó Ballesty.
Viajes internacionales y doble función
Ballesty también reveló que directivos de CANNAVA emprendieron numerosos viajes al exterior:
- España, Suiza, Alemania y Austria.
- Viáticos de hasta 400 dólares diarios.
- Todos financiados por la provincia.
Denunció además que uno de los exdirectivos ocupaba simultáneamente un rol de asesor en Cauchari, lo que le permitió viajar también a eventos internacionales de energías renovables.
“Es éticamente imposible cumplir dos funciones de alta complejidad a la vez”, remarcó.
Un proyecto sanitario sin estadísticas
El estatuto de CANNAVA prometía abastecer al sistema de salud con cannabis medicinal. Sin embargo, Ballesty sostuvo que no hay ningún dato público que lo respalde:
-No existen registros de pacientes tratados.
-No se informan patologías abordadas.
-No hay reportes de producción de aceites medicinales.
-La actividad visible se limitó a la venta de flor de cannabis.
“No sabemos si trataron 20, 200 o cero pacientes. No hay un solo informe sanitario”.
La reforma constitucional: un blindaje político
El diputado electo aseguró que la reforma constitucional impulsada en 2023, que eliminó el Tribunal de Cuentas, tuvo un claro propósito político:
“Blindar a cinco o seis apellidos que se beneficiaron de manera ilegítima del manejo de fondos en CANNAVA, Girsu y Cauchari”.
Qué hará La Libertad Avanza desde diciembre
Ballesty adelantó que su bloque trabajará en:
-Auditoría integral de todas las empresas del Estado.
-Ley de auditoría de deuda pública.
-Ley de auditoría de obra pública.
-Requerimiento de balances desde 2024 en adelante.
Aunque aseguró que Nación está al tanto de la situación, subrayó que la responsabilidad del control es estrictamente provincial.
Un cierre cargado de tensión institucional
Entre los reclamos judiciales contra 44 artículos de la reforma constitucional y los cuestionamientos al destino de los fondos del legado Zabala, diciembre se perfila como un mes clave para el futuro de la provincia.
Ballesty dejó una frase que resume el clima:
“En algún momento la justicia tendrá que decidir si defiende las instituciones o si sigue defendiendo apellidos”.