La abogada Mariana Vargas explicó que la estrategia actual de la defensa apunta a suspender la realización del debate, a la espera de que la Corte Suprema de la Nación y la Corte Provincial resuelvan recursos pendientes sobre la parcialidad del juez interviniente y la falta de legitimidad en el accionar policial durante las manifestaciones.
"Nuestro objetivo es que no se haga el juicio, que no inicie, porque tenemos dos trámites pendientes. El juez Fernández negó toda la prueba que ofrecían las defensas e incluso consideró la abstención de uno de los imputados como indicio de culpabilidad. Son situaciones muy absurdas que violaron el derecho de defensa", expresó.
Pruebas rechazadas y acusaciones "por las dudas"
La letrada ejemplificó las anomalías del expediente mencionando el caso de Santiago Zamora, quien fue imputado por el delito de daños a pesar de que los registros fílmicos demuestran que intentaba proteger un vehículo de ser incendiado. Según la defensa, este tipo de pruebas gráficas fueron sistemáticamente desestimadas por el tribunal.
"A Zamora se lo acusa de dañar un auto cuando él estaba justamente defendiendo un auto de los daños que estaban provocando, los que entendemos que son infiltrados. Hay una barbaridad jurídica, un mamarracho este juicio", indicó.
Vargas también apuntó contra la disparidad de criterios procesales en comparación con causas que involucran a funcionarios o figuras vinculadas al poder político, señalando que mientras se criminaliza la protesta social, existen causas archivadas o con resoluciones benignas para otros actores involucrados en hechos de violencia institucional.
Movilizaciones y plan de lucha
Ante este escenario, organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos impulsan una campaña de recolección de firmas digitales para evitar el inicio del debate oral.
Asimismo, confirmaron que este jueves se realizará una movilización frente a la Casa de Jujuy en la Ciudad de Buenos Aires y se sumarán reclamos en la tradicional Ronda de las Madres y en diversas protestas sectoriales que confluyen contra la actual pauta salarial y la política de ajuste provincial.
