En medio de críticas por falta de obras, Gerardo Morales reunió a su gabinete
- Los ministros de Infraestructura y Hacienda se reunieron con el gobernador para analizar los avances del Plan Maestro.
- Dicha reunión se lleva a cabo tras días de incontables críticas por la falta de obras en distintas partes de la provincia.
- Reaccionar luego de los hechos/tragedias consumadas parecer ser una constante en el oficialismo jujeño.
Luego de una serie de acontecimientos ocurridos en distintos puntos de Jujuy, causados por la furia misma de la naturaleza y aparentemente potenciados por la falta de obras, el gobernador Morales mantuvo una reunión con los ministros de Infraestructura y Hacienda además del secretario de Planificación, Ramiro Tejeda; El director general de Arquitectura, Horacio Calsina; y el fiscal de Estado, Mariano Miranda. A través de sus redes oficiales se encargaron de difundir la propaganda del cónclave que tuvo como tema central analizar los avances del Plan Maestro Plurianual.
Que el gobierno de Morales reacciona con los hechos consumados no es una novedad. Con más de seis años administrando los recursos del Estado los ejemplos abundan en distintas áreas, pero a pesar de los gestos mediáticos la autocrítica escasea. El campo preventivo no sería un área de especialidad para sus principales funcionarios.
Recientemente la serie de temporales que afectó Jujuy desnudó la falta de infraestructura en las cuatro regiones, sobre todo en los Valles donde el caos se desató en forma de precipitación sobre calles y barrios de Perico.
En su recorrido por la zona afectada, la comitiva liderada por el ministro Carlos Stanic evaluó los daños y ordenó el movimiento de personal para realizar obras de contención de manera inmediata. Así mismo reconoció la falta histórica de obras en la zona:
El Informe general del estado de la administración pública dentro de la memoria anual 2014 del Ministerio de Infraestructura tenía en consideración esta mega obra y aunque el presupuesto no figuraba en el documento, si existía la intención de solicitar el presupuesto a los legisladores provinciales. Por otra parte, el hecho de que no se haya realizado y siquiera esté contemplado, por ejemplo en el Plan Maestro Plurianual tiene cuotas falaces. A escasos kilómetros del área perjudicada por las lluvias, el gobierno de la provincia inyectará $3.000 millones para el desarrolló de CANNAVA SE y otros $460 millones para finalizar la primera etapa de la Zona Franca Mayorista. Dos de los proyectos insignia del oficialismo que figuran entre las primeras páginas del mencionado Plan.
Con sus evidentes diferencias geográficas pero similares dificultades meteorológicas, la Puna también padeció las crecidas de sus afluentes principales. Al menos tres vidas se perdieron en arriesgadas travesías para cruzar los ríos Uquilayoc (Rinconada) y Santa Catalina del departamento homónimo; cabe mencionar las decenas de personas aisladas en el extremo sur del Río Grande San Juan cercano a la localidad de Ciénega de Paicone.
Lejos de acusar recibo el gobierno promocionaría los maravillosos destinos puneños a través de la fan page oficial de la Secretaría de Cultura en Instagram sin advertencia alguna sobre la dificultad para acceder, los peligrosos caminos de tierra o los embravecidos ríos que deben cruzar los ocasionales visitantes.
Otro tema instalado y con reacción tardía tuvo lugar en Cochinoca, donde las iglesias de La Candelaria y Santa Bárbara sufrieron graves daños tras la caída de sendos rayos sobre su ancestral estructura. El presidente del Centro Vecinal Daniel Condorí reconocería en Radio 2 que la última refacción conocida data de tres décadas atrás.
Consumado el daño, la Dirección Provincial de Patrimonio dependiente de la Secretaría de Cultura haría un relevamiento de la zona con el fin de diagnosticar la situación y proyectar la “reconstrucción y restauración parcial de las iglesias”
Entre las respuestas tardías, el antecedente más evidente y controversial se remonta a octubre de 2020 con la sanción de la Ley Nº 6.186 declarando la emergencia pública en materia de violencia de género (Ley Iara). Debate y aprobación que se instaló en la agenda política solo después de que cinco mujeres fueran asesinadas en territorio jujeño en un período no superior a 30 días. Para ese entonces el colectivo feminista, organizaciones sindicales, políticas y civiles habían denunciado innumerables veces el desempeño ineficiente del Consejo Provincial de la Mujer, la escasez de recursos humanos, la necesidad de actualizar protocolos de actuación, capacitar al personal policial y funcionarios, entre otros requerimientos.