Lo que estamos viviendo con la crisis energética y las boletas de Ejesa ya no es un problema de bolsillo; es una fractura social expuesta. Cuando uno camina las calles y ve los cientos de firmas de ciudadanos que exigen la revocatoria del contrato, lo que realmente está viendo es la ruptura definitiva del contrato electoral, ese pacto de confianza entre el pueblo y sus representantes que hoy parece haber quedado reducido a cenizas dentro del Parlamento de la provincia. La palabra que resuena en las esquinas es una sola: indiferencia.
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La crisis tarifaria y el dilema del saqueo planificado con amparo de la ley
La crisis tarifaria en Jujuy vuelve a encender la discusión política y social en torno al costo de la energía y la composición de las boletas de EJESA. En medio de reclamos, amparos judiciales y cuestionamientos al esquema de contratos y controles, crece la tensión por la falta de respuestas institucionales y la incertidumbre de los usuarios frente a una situación que impacta directamente en la economía de los hogares.
Una indiferencia legislativa que ha puesto al desnudo la dependencia directa del poder político frente a los intereses corporativos. La propuesta de hace una semana de realizar un plenario de comisiones para citar a los ejecutivos de la empresa, impulsada por el oficialismo y esa oposición que muchos ya tildan de “amiga”, no se lee en las calles como una búsqueda de soluciones, sino como un burdo intento de control de daños, una puesta en escena para disimular la complicidad o, al menos, la tremenda inacción ante una tarifa que los usuarios califican abiertamente de usuraria.
La gravedad de la situación no admite más dilaciones ni café en despachos cerrados; lo que la realidad exige con urgencia es una interpelación con mayúsculas a todos y cada uno de los responsables de este entramado que asfixia a los jujeños. Cuando decimos todos, hay que trazar la línea histórica y política que corresponde: desde el exgobernador Gerardo Morales y aquel decreto acuerdo que ató a la provincia por 20 años a comprar energía a SECCO S.A. y JEMSE para vendérsela a Ejesa a un valor cercano a los 79 dólares el megavatio, hasta la ingeniería contable detrás de las facturas actuales, plagadas de cargos adicionales que nada tienen que ver con el consumo real de luz de una familia, pero que actúan como un impuesto encubierto que infla el costo final.
Es un negocio redondo donde el único que pierde, siempre, es el ciudadano de a pie. Mientras tanto, ante el vacío y el silencio del poder político, la sociedad civil empieza a buscar sus propias herramientas de defensa en las trincheras legales. El amparo presentado por CODECUC y la estrategia propuesta por la doctora Alicia Chalabe —que insta a los usuarios a acudir en masa a los juzgados provinciales amparándose en sus derechos constitucionales— demuestran que el pueblo jujeño no se está quedando de brazos cruzados. Sin embargo, la Justicia tiene tiempos que la angustia popular no puede esperar. A esta hora de la mañana, no hay noticias, no hay fecha, no hay certezas sobre el bendito plenario legislativo.
El silencio de la Casa de Piedra es atronador, y mientras los días pasan sin respuestas concretas, la incertidumbre y la desesperación económica se extienden como una mancha de aceite por cada rincón del territorio provincial. La política jujeña debe entender que el tiempo del disimulo se agotó; o se ponen del lado de la gente, o la historia —y las urnas— se lo van a demandar con una fuerza que ya se empieza a sentir en el asfalto.
Una pregunta que no se puede esquivar es si es pertinente, luego de tanta indiferencia oficial respecto de los reclamos, promover acciones penales sobre los supuestos responsables de este escándalo.
La denuncia penal es no solo válida, sino obligatoria, porque cuando hablamos de contratos a 20 años con valores fijados en dólares que parecen desfasados de la realidad del mercado y de aditamentos en las boletas que confunden al usuario, la línea entre la mala praxis política y el delito contra la administración pública se vuelve extremadamente delgada. Desde una perspectiva técnica y penal, para que la Justicia tome cartas en el asunto bajo el Código Penal, no basta con demostrar que un contrato es leonino o perjudicial para el pueblo; se debe probar la existencia de delitos específicos como el incumplimiento de los deberes de funcionario público, la malversación de fondos o, fundamentalmente, el fraude en perjuicio de la administración pública, lo que implica demostrar que existió un dolo, es decir, la intención deliberada de beneficiar a un privado a sabiendas del daño que se le causaba al erario provincial y a los usuarios.
El decreto acuerdo y el entramado societario entre SECCO, JEMSE y EJESA abren una ventana de sospecha legítima que, según diversos juristas, ameritaría una investigación penal preparatoria para determinar si los precios pactados —esos 79 dólares el megavatio— respondían a criterios técnicos de fomento energético o si configuraron un sobreprecio estructurado para desviar recursos de los ciudadanos hacia arcas corporativas.
Sin embargo, el gran desafío de promover denuncias penales en este contexto no es solo técnico, sino el histórico escepticismo en torno a la independencia del fuero penal local frente al poder político de turno, razón por la cual las organizaciones de consumidores y los asesores legales muchas veces priorizan la vía del amparo colectivo en el fuero federal, donde se busca frenar el daño económico inmediato de forma más rápida antes que empantanarse en los tiempos eternos de una causa penal que requiere un nivel de prueba informática y contable monumental.
La urgencia del hambre y del bolsillo hoy va por el amparo, pero la salud democrática de Jujuy exige que, tarde o temprano, la Justicia penal determine si aquí hubo una pésima gestión que rompió un contrato social, o si directamente estamos ante un saqueo planificado bajo el amparo de la ley.