Mientras desde el oficialismo provincial se rasgan las vestiduras denunciando una supuesta asfixia financiera por parte del Gobierno nacional, los datos duros demuestran que Jujuy ha sido una de las jurisdicciones más auxiliadas, recibiendo millones en aportes del Tesoro Nacional y adelantos de coparticipación para paliar su grave situación financiera, compartiendo ese auxilio con apenas otras dos provincias en todo el país.
Política |
El federalismo unitario de Alberto Bernis
Es verdaderamente insólito escuchar al presidente de la Legislatura de Jujuy, Alberto Bernis, afirmar con soltura que en el diccionario del presidente Javier Milei no existe la palabra federalismo, cuando la realidad de la provincia desnuda una contradicción flagrante y un cinismo político alarmante.
La verdadera asfixia no viene de afuera, sino que se genera puertas adentro. Resulta incomprensible el relato de este funcionario que, siguiendo al pie de la letra las órdenes de su patrón político, Gerardo Morales, encabeza un operativo sistemático para dilatar de manera indefinida el debate y la sanción de la ley de coparticipación provincial.
Es inadmisible que Jujuy siga siendo la única provincia de toda la Argentina que carece de una ley propia de coparticipación. Esta falta de institucionalidad no es una omisión casual; es un diseño político deliberado para mantener a los intendentes locales como auténticos rehenes de la Casa de Gobierno.
Los jefes comunales se ven obligados a deambular por los pasillos oficiales y arrodillarse ante funcionarios que nadie eligió, con el único fin de mendigar migajas presupuestarias, un sometimiento que anula el federalismo interno, les impide gobernar con autonomía y destruye cualquier posibilidad de aplicar los programas de gobierno para los cuales fueron democráticamente votados por sus vecinos.
Estamos ante la expresión más pura de la visión anacrónica de la política y de la vida que caracteriza a Gerardo Morales: un éxtasis casi patológico por controlarlo todo, un centralismo asfixiante cuyo único resultado es que todo se ejecute peor, sumergiendo a Jujuy en el estancamiento actual. Por eso, la narrativa de Bernis se cae a pedazos.
No es el contexto nacional el que destruye la economía local; es el propio Gobierno jujeño el que viene pisando los salarios de los trabajadores estatales y privados desde el año 2015. Al arrebatarle sistemáticamente el poder adquisitivo a la gente, han provocado una retracción brutal del consumo interno que golpea directamente al comercio local. Si a este combo de sueldos de miseria le sumamos una presión impositiva voraz, tasas municipales asfixiantes y el escandaloso, casi pestilente costo de la luz eléctrica que deben pagar los usuarios, la conclusión es inevitable: el verdadero verdugo de los jujeños no está en Buenos Aires, sino instalado en los sillones del poder provincial, ejecutando un control absoluto que solo produce empobrecimiento y sumisión.
La falta de un federalismo real en la provincia de Jujuy, profundizada por la ausencia histórica de una ley de coparticipación provincial, impacta de manera directa y devastadora en el día a día de su población. Cuando los recursos económicos se centralizan de forma arbitraria en la Casa de Gobierno, las consecuencias se traducen inmediatamente en la precarización de la vida cotidiana en cada municipio.
Los ciudadanos sufren el deterioro crónico de los servicios públicos más básicos, ya que los intendentes, privados de los fondos que les corresponden por derecho, carecen de presupuesto para mantener calles, iluminación, recolección de residuos o infraestructura urbana elemental. Esta dependencia política y financiera transforma a los jefes comunales en administradores de la escasez que deben suplicar partidas discrecionales, lo que anula la autonomía local y posterga indefinidamente las obras de salud, educación y desarrollo que cada comunidad necesita con urgencia. El impacto económico es igualmente severo para las familias jujeñas, dado que el centralismo provincial se sostiene mediante una asfixiante presión impositiva y tasas locales que buscan compensar la falta de fondos, conviviendo con tarifas de servicios esenciales como la luz eléctrica que resultan impagables para el ciudadano común.
A esto se suma que, al no democratizarse los recursos, el Gobierno provincial mantiene una política de contención salarial que destruye el poder adquisitivo de los trabajadores públicos y privados, deprimiendo el comercio y el consumo interno. En definitiva, la negación del federalismo hacia el interior de Jujuy perpetúa una estructura de sometimiento político que quita calidad de vida a los habitantes, frena el empleo genuino en el interior profundo y condena a la población a pagar los costos de un control absoluto que solo genera estancamiento y desigualdad.