La acusación se da luego de que una trabajadora de salud y otros vecinos usaran la “Banca 9” del Concejo Deliberante, denunciando precarización y falsas promesas de contratación.
En la última jornada, hubo sesión ordinaria en el Concejo Deliberante de Perico. La misma estuvo marcada por el uso de la “Banca 9” de parte de una trabajadora de salud y otros vecinos.
Mariana Farfán, profesional de enfermería y madre de un niño con una patología crónica, denunció haber sido utilizada para operativos sanitarios y campañas políticas bajo falsas promesas de reincorporación por parte del municipio, y apuntó contra el "incumplimiento y la burla política" que la dejó en la calle.
La concejal de Perico, Anahí Juárez, expuso que fueron siete personas las que demostraron haber trabajado entre dos y tres años de manera gratuita para el municipio bajo órdenes de funcionarios jerárquicos.
Denunció que al asumir el intendente (diciembre de 2023) se incorporó a más de 200 personas bajo la promesa de futuros contratos, haciéndolos trabajar jornadas completas (incluidos feriados) en áreas sensibles como recolección y barrido.
Tildó esta situación como esquemas de "esclavitud laboral estatal" en el municipio.
Al existir ya denuncias penales en el Ministerio Público de la Acusación y demandas civiles, la edil advirtió que esto generará una nueva e millonaria "industria del juicio" que terminará golpeando las arcas municipales y saliendo del bolsillo de los contribuyentes.
Juárez dijo que se envió a la Comisión de Institucionales una presentación contra el concejal Pascual Ficoseco (hijo del intendente). Se le otorgaron 30 días para presentar pruebas tras acusar falsamente a Juárez y a la concejal Sánchez de "amenazar a una denunciante".
Marcó además que el Concejo Deliberante rechazó el presupuesto del Ejecutivo debido a que ingresó fuera de término, presentaba un déficit muy grande y no contemplaba previsiones básicas como las recategorizaciones de los empleados.
Aclaró que la rendición de cuentas presentada por el intendente ante la Auditoría de la Provincia no está aprobada y recordó que pesan denuncias por contrataciones directas a productoras fantasmas ligadas a familiares de funcionarios de Cultura.
