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IFE para concejales, justicia lenta y encubrimiento político

Sana envidia provoca saber lo que ocurre con la justicia y la política en otras tierras no tan lejanas.

En esta oportunidad miramos como reaccionó la política y la justicia en Salta con los concejales que cobraron o intentaron cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia.

Todo comenzó en marzo del año pasado, cuando el gobierno de Alberto Fernández dictó el decreto 310 en el que creó el Ingreso Familiar de Emergencia para “compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria” por el coronavirus.

Se trataba de un ingreso mensual de 10 mil pesos para quienes hayan estado desocupados, con trabajos informales, monotributistas de las categorías más bajas y trabajadores de casas particulares.

En ese momento, un medio de la vecina provincia publica que un concejal había sido visto haciendo la fila para el cobro.

La información fue tomada por medios locales y el fiscal federal Ricardo Toranzos inició una investigación de oficio.

El titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta detectó casi medio centenar de funcionarios implicados en tres situaciones distintas.

La primera fue de quienes se inscribieron para cobrar el IFE pero el sistema los rechazó.

La segunda los que la ANSES los validó pero no completaron el trámite sobre cómo cobrarlo, ya sea en el correo o en una cuenta bancaria.

Y el tercer grupo son los que cumplieron todo el proceso y cobraron entre una y dos cuotas del ingreso.

52 legisladores de más de 20 localidades y de todos los partidos políticos, 10 funcionarios de municipios y tres gerentes del PAMI se habían inscripto para cobrar el IFE cuando no les correspondía.

Mientras que 24 concejales cumplieron todo el proceso y cobraron una o dos cuotas del IFE.

El resultado del trabajo del fiscal Ricardo Toranzos fue el avance de las causas penales. 24 de los imputados acordaron reparar el daño, obligándose a devolver cerca de 1.400.000 pesos, hacer tareas comunitarias, además no podrán presentarse en las dos próximas elecciones.

Otro grupo irá a juicio oral y dos gerentes del PAMI fueron condenados a penas de tres años de prisión.

A los que cobraron el IFE, Toranzos los acusó de los delitos de fraude en perjuicio de alguna administración pública y violación a los deberes de funcionario público. Y a quiénes se inscribieron pero no cobraron los imputó por fraude en perjuicio de alguna administración pública en grado de tentativa.

El Código Penal establece que hay tentativa cuando el autor, con el fin de cometer un delito determinado, comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, pero denota la voluntad delictiva, razón por la cual debe ser castigado.

A las sanciones penales, a todos les aplicaron sanciones políticas, todos los concejales involucrados fueron expulsados de los cuerpos bastante tiempo antes de la sentencia de la justicia Federal.

Cada uno de los cuerpos deliberativos entendió que los implicados en esta maniobra, no eran moralmente hábiles para integrar los concejos deliberantes.

En ningún caso se esperó que la justicia termine su trabajo, ya que los órganos políticos aplican sanciones de tipo político.

En Jujuy hay varios casos similares, como por ejemplo el presidente del Concejo Deliberante de Ciudad Perico, Walter Cardozo, que bajo la protección de Gerardo Morales y Rubén Rivarola argumenta que la justicia debe emitir una sentencia.

Diego Mayaregua, presidente del Concejo Deliberante de Caimacito, también está implicado en esta maniobra, sin saberse demasiado sobre si cobró o no cobró. Mayaregua es apadrinado por el diputado rivarolista Lito Torres.

También está el caso del titular del ANSES Jujuy, Adrián Mendieta, que en el momento que saltó el escándalo argumentó que él solo había ingresado sus datos al sistema para enseñarle a un tercero.

El concejal Nicolás Martínez de Pampa Blanca, también enrolado en el sector de Rubén Rivarola, también está entre los sindicados por cobrar o haber intentado cobrar el Ingreso familiar de Emergencia.

Cabe destacar que el decreto presidencial donde se instaura los IFE establecía claramente que no podían percibir el beneficio quienes tengan “trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado”, en esa categoría ingresan los concejales y funcionarios.

Con esta clara restricción, el sistema de ANSES los detectó en algunos casos, pero en muchos otros no.

Para la fiscalía federal, y merced a la cantidad de concejales y funcionarios inscriptos, alguien les pudo haber avisado que podían anotarse, esto también es materia de investigación.

En Jujuy el fiscal federal Federico Zurueta, del Área de Casos Complejos, lleva adelante una investigación, pero por ahora demasiado lenta.

En esta causa, está acreditado que Diego Mayaregua cobró el IFE en dos oportunidades, mientras que Rodrigo Nicolás Martínez, de Pampa Blanca; Mariana Viviana Cazón, de Santa Clara; Carla Yamila Nieto, de Calilegua; Blas Mariano Nicolás Videla, de Caimancito; y Gonzalo Javier Farfán, de El Aguilar, intentaron cobrar el beneficio nacional.

La misma calificación recayó sobre Juan Francisco Cruz, vocal y presidente de la Comisión de Catúa y Juan Sabino Borja, vocal de Yavi. En estos casos, hasta el momento, se pudo establecer que los acusados efectuaron la solicitud de cobro del IFE.

La gran ausente en este escandaloso tema es la política, ninguno hasta el momento recibió sanción alguna, esos son los privilegios de castas, solo ocho bajo la lupa de la justicia y ninguna sanción política.

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